El Defensor del Pueblo de Venezuela Tarek William Saab descartó este miércoles que Colombia pueda denunciar al gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestas violaciones a los derechos humanos en sus recientes actuaciones en la frontera que comparten ambos países. AFP
“El Procurador (General de Colombia) dijo que iban a denunciar a Venezuela en la Corte Penal Internacional y que iban a aplicar el Estatuto de Roma. (Es una) barbaridad jurídica”, dijo William Saab en rueda de prensa.
El defensor, ex diputado oficialista, ex gobernador de Anzoátegui (este) y militante del partido de gobierno hasta el momento de su postulación, expresó que el presidente colombiano Juan Manuel Santos “miente” cuando, “sin fundamento”, utiliza “la sensible figura de los derechos humanos” para hacer un “acto de propaganda” contra el gobierno del país vecino, al mismo tiempo que enfatizó que el mandatario colombiano “quiere lesionar la imagen de Venezuela en el mundo”.
Este mismo miércoles, Santos informó que la fiscalía colombiana contempla “presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra miembros de la cúpula civil y militar del Gobierno venezolano (…) por “la deportación o traslado forzoso de población de colombianos, quienes fueron objeto de expulsión y otros actos violatorios del derecho internacional”.
William Saab calificó de “derrota diplomática” para Colombia el hecho de que la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazara el pasado lunes su pedido de una reunión extraordinaria de cancilleres para discutir el tema.
Colombia tampoco logró obtener una reunión de emergencia esta semana de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para abordar el conflicto fronterizo.
La tensión bilateral comenzó el 19 de agosto con el cierre de algunos pasos fronterizos tras un ataque a militares venezolanos durante una operación anticontrabando, que en su momento Maduro atribuyó a “paramilitares colombianos”.
La medida fue seguida por la declaratoria venezolana de estado de excepción en diez municipios limítrofes y el llamado a consultas de los embajadores de ambos países.
El estado de excepción prohíbe el porte de armas y las “reuniones públicas que no hubieren sido previamente autorizadas”, al tiempo que permite allanamientos y escuchas telefónicas sin orden judicial.
Desde entonces y en ese marco, Venezuela ha deportado unos 1.100 colombianos, mientras otros 10.000 han cruzado la frontera por temor a ser expulsados sin sus familias y pertenencias, según la ONU.