Con pequeños morrales donde escasamente pudieron guardar tres mudas de ropa llegaron a Arauca los 33 colombianos que las autoridades deportaron de Caracas y Valencia por indocumentados, en la mayoría de los casos, y por tener antecedentes penales.
En una pequeña buseta de color blanco fueron llevados hasta El Amparo. Los connacionales dejaron en Caracas a sus familias y sus trabajos.
En la tarde del miércoles pasado, seis menores de edad, siete mujeres y veinte hombres fueron entregados a funcionarios de Migración Colombia que los esperaban en el puente internacional José Antonio Páez, que une a la capital araucana con el municipio venezolano de El Amparo, en el estado Apure.
Amit Majul, un colombiano que trabajaba como cocinero en Caracas, reveló que los miembros de la Guardia le pidieron su documentación y, según él, al enterarse que no tenía cédula lo capturaron para reseñarlo como paramilitar.
Majul, que intenta llegar a Cartagena, fue uno de los ocho colombianos del grupo de 33 que llegaron a Arauca reseñados como delincuentes.
Por su parte, Maribel Esther Bravo, una barranquillera residenciada en Caracas hace diez años, dijo que fue detenida por las autoridades por no contar con la documentación. Estuvo detenida por ocho días.
Junto a otra hermana fue deportada desde Caracas hasta la frontera con Arauca, ciudad a la que llegó tras un penoso viaje de más de 16 horas de viaje en un bus de transporte asignado por las autoridades migratorias venezolanas.
Néstor Enrique Guerra, con 40 años de edad, también contó que fue privado de la libertad en Valencia, estado de Carabobo, tras ser incomunicado de su familia.
Señaló que está casado y es padre de cinco hijos, todos de nacionalidad venezolana y quienes quedaron en Valencia, junto a su esposa y mamá. Guerra dice que sus familiares quedaron desprotegidos porque se mantenían con su trabajo, como ayudante de construcción.
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