Dos semanas después de que el Estado venezolano fue severamente cuestionado en la evaluación periódica de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de los derechos, el gobierno anunció un Plan Nacional de Derechos Humanos. En las sesiones de Ginebra quedaron expuestas las más profundas violaciones de los derechos humanos en Venezuela, por ejemplo que en los últimos 16 años ha habido 231.562 asesinatos en el país, lo cual lo hace el segundo más peligroso del mundo, con una tasa de 82 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Sin embargo, el documento presentado, cuya consulta finaliza en 10 días, no hace ninguna mención a esa realidad.
El 14 de julio, al día siguiente del primer ensayo de las razzias militares y policiales denominadas Operación de Liberación y Protección del Pueblo, con un saldo inicial de 18 personas muertas en la Cota 905 de Caracas, el vicepresidente Jorge Arreaza encabezó el acto protocolar de lanzamiento del plan, en la sala Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño. Acompañado de otros miembros del Ejecutivo, de las máximas autoridades de los poderes Judicial y Ciudadano, así como de la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y la senadora colombiana Piedad Córdoba, entre otros invitados extranjeros, Arreaza puntualizó que la propuesta gubernamental para articular las políticas públicas en materia de derechos humanos durante el período 2015-2019 estaba basada en “la Constitución Bolivariana de 1999, la ideología del Libertador Simón Bolívar, de Simón Rodríguez y del Comandante Chávez”.
Desde el primer día surgió el riesgo de exclusión de los que no comparten el proyecto político oficialista, lo cual, en sí mismo, constituye una violación al principio de no discriminación consagrado en la carta magna y en los tratados internacionales. Sin embargo, el vicepresidente invitó a todos los sectores del país a leer y a hacer aportes al documento que, en su opinión, “presenta metas a cumplir de manera casi que inmediatamente”.
Parecía una invitación sincera a discutir sobre los mayores agobios de la población: el auge incontrolado de la criminalidad, la escasez de alimentos, la crisis del sistema de salud público y a encontrar soluciones de manera consensuada. En las sesiones de consulta, sin embargo, quedó en evidencia que el plan no será suficiente para dar respuesta a los problemas del venezolano.
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos y principal artífice del plan, Larry Devoe, al ser consultado por una reportera de un medio público sobre la pertinencia de incorporar al debate la crisis humanitaria causada por la extensión de OLP a la frontera con Colombia y el consecuente desplazamiento forzoso de más de 16.000 colombianos, no ocultó su incomodidad y evadió los requerimientos periodísticos.
Devoe apareció en el gabinete ministerial, al regreso de presidente Nicolás Maduro de su gira por Asia y sería uno de los participantes del foro internacional con el que se pretende demostrar que el Estado venezolano no se ha excedido durante la intervención militar en la frontera con Colombia.
Aquella vez, sin embargo, Devoe insistió a la reportera en que la propuesta del gobierno no podía fundamentarse en situaciones coyunturales: “Este es un plan que ha sido preparado para avanzar estructuralmente en el fortalecimiento de los avances del país en materia de todos los derechos humanos”. Al fondo del escenario del auditorio Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional, donde se han realizado varias jornadas de consulta del plan, una gran pancarta reiteraba la resistencia del gobierno a admitir que existen problemas: “Venezuela, un país garante de los derechos humanos”.
La violencia, la corrupción y la multiplicidad de delitos asociados al contrabando de extracción son problemas de vieja data. En palabras del presidente Nicolás Maduro: “La frontera se nos pudrió”. Y los métodos empleados en esta oportunidad para combatirlos también son viejos, pues las OLP constituyen la reedición de las redadas indiscriminadas que hacían los “pantaneros” de la extinta Policía Metropolitana en los barrios de Caracas durante la década de los noventa, o de los operativos Madrugonazo al Hampa (2009) y Madriguera (2013). Lo que para Devoe es un asunto coyuntural es un problema estructural de décadas.
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