Desde el año 2010, con la creación del Distrito Militar 1 en la Guajira, se viven en los pueblos y comunidades wayuu casos de detenciones, torturas y asesinatos, que se reportan hasta en las actuaciones de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), en agosto pasado, vulnerando los derechos humanos de los indígenas.
En la Comisión de Derechos Humanos de la Guajira reposan acusaciones que conoce, en un informe, la Fiscalía General de la República, Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la República, el Parlamento Indígena de América y que esta semana también se entregó al Consejo Legislativo del Estado Zulia para “buscar la mediación” y respuesta.
José David González, coordinador regional de defensa de DDHH, lamenta que tras lo que sería una cooperación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para resguardar la frontera y cooperar “activamente en la ejecución de planes y proyectos de desarrollo nacional a ejecutar por los distritos motores de desarrollos”, según indica el decreto 7.938 sobre la instalación de distritos militares; se “militarizó el municipio y empezaron las restricciones, vulneraciones de derechos humanos, al libre tránsito, al derecho a la vida, a la libertad”.
“Todas las instituciones tienen conocimiento”, resalta el activista “chavista” y crítico de las situaciones que afectan a su etnia. “Tenemos registradas 16 personas asesinadas por la Fuerza Armada Bolivariana”. Recuerda el caso de una joven de 25 años que iba en una caravana de camiones con su esposo y su madre a visitar su familia en la Alta Guajira, cuando la madrugada del 15 de julio de 2013 una ráfaga de tiros atravesó su cuerpo.
Las autoridades señalan “supuestamente enfrentamiento con los ‘bachaqueros'”. La ONG pide respuesta de lo ocurrido para los familiares de las “víctimas que formularon las denuncias, y que acompañamos a la Fiscalía y Defensoría a buscar que todas las instancias investiguen, porque no hay ni un militar detenido”, destaca González en entrevista con este rotativo.
Ante la Fiscalía 91 con competencia bacional en materia indígena reposan “casos de torturas”. Cinco están en acompañamiento por la Comisión de Derechos Humanos. Uno, el más reciente, es de un hombre wayuu al que “le hicieron de todo”. Las agresiones físicas las sufrió en “en el comando que está en el Tigre”, en el Batallón de Infantería General en Jefe Manuel Carlos Piar. Ahora tiene resguardo profesional.
González explica que los militares “agarran a la gente en la calle, después los montan en un convoy y lo llevan para un comando. Y así hay varios casos. Eso se está investigando”. También registra allanamientos. Y plantea un caso: El 9 de agosto de 2015, en la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, “llegó la OLP en la Guajira”. Dos estudiantes universitarias, entre las 15 personas detenidas, fueron acusadas por tener arroz y dinero en sus casas. “Y al final son personas humildes, no son ‘bachaqueras'”.
Pide revisar e investigar las agresiones. Exhorta a no criminalizar a todos los indígenas porque hay hombres y mujeres trabajadores, artesanos, pescadores, estudiantes. Insta a frenar la discriminación racional “porque los alijunas (que no son wayuu) y funcionarios están involucrados en el ‘bachaqueo'”.
Asesinato en la frontera
Alixel Cabrera. A los indígenas colombianos Henry Ipuana, de 28 años, y Helbert Ramírez, de 27 años, los mataron tres oficiales del ejército venezolano en la frontera del Zulia con Colombia cuando estaban a punto de llegar al vecino país, así lo denunció Isela Peleiz, tía de Ipuana.
Sostiene que los jóvenes, que se dedicaban al pastoreo, regresaban de un velorio en motos. El suceso se registró el sábado a las 4.00 de la tarde, cuando se dispusieron a ayudar a un compañero que se trasladaba en una camioneta averiada. Los efectivos los sorprendieron con disparos en su contra. Ipuana murió al instante y a Ramírez lo trasladaron a Maicao, donde murió posteriormente. Peleiz señaló que ninguno transportaba mercancía para Colombia. “Si ellos hubieran traído mercancía, uno hubiera dicho que ellos forzajearon o algo, pero ellos venían de un velorio, no estaban involucrados en contrabando”.