La fiscal Luisa Ortega Díaz criticó que voceros de otros países se “apresuraran” a denunciar los fallecimientos en la frontera de Henry Silva y Elbert Ramírez, que eran miembros de la comunidad indígena wayuu.
Argumentó que la justicia nacional actuó inmediatamente después de conocerse el hecho. “Se designó al fiscal 76 nacional con competencia en derechos fundamentales (Alejandro Méndez) y el fiscal 91 en materia indígena (Carlos Parabia)”, dijo.
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