La lucha por la Asamblea fue trasladada del terreno electoral al político; así lo demuestran el comportamiento de Maduro, la jueza Susana Barreiros, el CNE y, en general de los poderes del Estado. Lo cual significa que la competencia por la representación popular dio paso a la pelea por preservar una doctrina y una estructura de poder. Por lo demás, la elite oficial sabe que las encuestas marcan una tendencia que se puede revertir con decisiones políticas no con una campaña. Asimismo, el marco político les permite ensayar atajos con los que las elecciones se suspenderían si los números finalmente los obligaran a tomar esa decisión. Argumentar que las parlamentarias son un asunto electoral con exclusividad es una opinión que merece revisarse. Es oportuno que la oposición examine si esa óptica es la correcta para ganar la Asamblea. Pues la realidad dice que la disputa es por el poder no sólo por el parlamento.
La visión electoralista de las parlamentarias es un error estratégico. Entre otras cosas porque traspapela las acciones políticas con las técnicas: la necesidad de realizar acuerdos se confunde con el esfuerzo que supone presentar una campaña unitaria para los candidatos de la MUD. De allí que otra vez su oferta se circunscriba a la clientela que ya se tiene cautiva. El enfoque determina las posibilidades de crecimiento de la oposición en el mercado integrado por los chavistas anti-maduristas, los socialistas moderados y los independientes; esos sectores se ganan transando beneficios no con publicidad ni activismo de calle.
Las 18 elecciones que en los últimos 15 años se han celebrado muestran que el consenso político no se sustituye con campañas. De hecho, la oposición en algún momento tendrá que aceptar que para sustituir con votos al clan Maduro-Cabello deberá tasar un precio y, además, pagarlo. Lo cual implicará sincerar los benéficos que tendría que conceder o negar a quienes forman ese mercado con el cual aún no han logrado conectarse. En especial, aquellos que con sus votos y sus decisiones pueden no sólo inclinar los resultados sino incidir en la realización y la transparencia de los comicios.
Que algunos sectores acepten elecciones y resultados imparciales sin obtener nada a cambio parece poco probable. Incluso, figuras claves identificadas con el chavismo quizá cooperarían con un proceso electoral con mayor equilibrio si tuviesen ofertas concretas sobre la mesa. Después de todo, ¿por qué algunos alcaldes, gobernadores, militares de alto rango, representantes del Estado y dirigentes comunales y partidistas tendrían que restearse con la imparcialidad de unos comicios cuyos resultados los despojarían de sus cargos y privilegios?
La experiencia acumulada también ayuda a comprender que el poder ilegítimo se sustituye con acuerdos y después con elecciones. En escenarios autoritarios el pacto precede a lo electoral. Dos procesos diferentes, pero complementarios. Cuando esa secuencia se altera o la primera etapa no se logra satisfacer, los comicios se transforman en parte del engranaje de un poder que es corrompido por los vicios inherentes a sus procedimientos de legitimación.
La crisis del país exige pactos políticos, no acostumbrase a medir fuerzas en citas comiciales. Se requiere algo más que elecciones arbitradas por el CNE para derrotar a un grupo que afinca la legitimidad de su mando en la ilegalidad. A la mano estará siempre la violencia para enfrentar al autoritarismo de nuevo cuño. Sin embargo, la historia reciente ha corroborado que la agresión es una respuesta que prolonga la vida de los gobiernos autoritarios.
El triunfo electoral opositor depende de una oferta a tiempo sobre el socialismo no sólo de una campaña. Los estudios sugieren que la maltratada militancia del PSUV podría castigar a Maduro en las parlamentarias, pero lo evitarán en lo posible si perciben que perjudicarán el socialismo que asocian con Chávez. A lo mejor, antes de diciembre la oposición pudiera mercadear un proyecto para renovar el socialismo y derrotar al presidente. Una invitación que un amplio universo del chavismo consideraría y con seguridad aprobaría. Ellos al igual que cualquier venezolano entienden que esa propuesta jamás podría mejorarla Maduro; tampoco Diosdado. Esos dos personajes carecen de la confianza que todo programa de cambio demandaría para redimensionar el modelo; y, sobre todo, para revertir el derrumbe de Venezuela.
@aaalzuru