La Constitución, la Ley sobre Protección a la Privacidad de las Comunicaciones, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Ley Anticorrupción, cuando menos, han sido violadas en los casos de pinchazos que comenzaron en la Venezuela socialista del fallecido Hugo Chávez, pero que fueron estelarizados durante el mandato de Nicolás Maduro, desde 2013, publica NTN24.
Y es que las comunicaciones personales han sido blanco del chavismo en los últimos años. Dirigentes opositores, líderes estudiantiles y sus respectivos entornos adolecen de pertenecer al selecto grupo de mayor vulnerabilidad en el que la privacidad no existe y la intimidad es el molusco que debe ser arrancado de su caparazón para ser mostrado y acuchillado.
“Es peligroso escuchar. Se corre el riesgo de que le convenzan” decía el novelista irlandés Óscar Wilde en el siglo XIX. Casi doscientos años después, al otro lado del Atlántico, el gobierno venezolano hace caso omiso de esta advertencia y obliga a los ciudadanos a escuchar chuzadas. Y, aunque el mismo régimen no escucha, sí infiltra conversaciones, invade la privacidad de un encuentro entre dos o más personas y lo saca a la luz pública como la noticia del día.
Una decena de grabaciones obtenidas de manera ilegal han sido transmitidas por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, durante los últimos tres años. Presuntas declaraciones del padre del excandidato presidencial Henrique Capriles, de los presos políticos Leopoldo López y Daniel Ceballos, de la dirigente opositora María Corina Machado y de militares “golpistas” o estudiantes “tarifados de la derecha” han sido exhibidas en la misma pantalla que pagan todos los venezolanos.
Los argumentos del oficialismo siempre han sido, de la boca para afuera, la defensa de la verdad y de la revolución. En este afán, han acusado a la oposición política hasta el punto de criminalizarla mediáticamente, y han desvirtuado movimientos de la disidencia cívica como las protestas antigobierno que sacudieron al país durante 2014 cuando centenares de miles de personas marcharon en todo el país para exigir la renuncia del presidente.
De estas escuchas ilegales han surgido algunas investigaciones, pero nunca en contra de personeros del gobierno, a pesar de contar con un protagonista de una emblemática chuzada: en mayo de 2013 la alianza opositora reprodujo ante periodistas una conversación entre el presentador de televisión Mario Silva, amigo de Chávez, y un agente del G2 cubano. Según se puede escuchar, Silva sabía que estaba siendo grabado y aún así despotricó contra el accionar de Maduro, recién electo Jefe de Estado, y se extendió al subrayar las malas prácticas del presidente del parlamento venezolano, Diosdado Cabello, de quien explicó incluso sus estatales “fuentes de financiamiento”.
Estos señalamientos tampoco tuvieron cabida en el Hemiciclo de la Asamblea Nacional donde la bancada opositora pidió debatirlos. El chavismo, con mayoría numérica y liderados por Cabello, negó hacer comentarios al respecto. La fiscalía, por su parte, confirmó la autenticidad del audio en agosto de 2013 y desmintió la veracidad del mismo tres meses más tarde en la voz de su máxima representante, Luisa Ortega Díaz. Pero, otras grabaciones han calificado como pruebas en procesos contra representantes de la disidencia cívica y militar, razón que les ha valido a los implicados pases a juicios, y prisión, en algunos casos.
La noche del viernes 29 de mayo de 2015, un nuevo audio tomó por asalto a la opinión pública en la víspera de una movilización convocada por Leopoldo López desde la cárcel y en huelga de hambre. Se trata de una supuesta plática íntima entre Daniel Ceballos, preso político, y su esposa Patricia Gutiérrez, alcaldesa de San Cristóbal, dentro de una prisión militar. Encuentro que se habría concretado el 10 de mayo en la cárcel de Ramo Verde pero que fue ventilado en medio de toda la exposición que vivía Ceballos, tras ser víctima de un traslado ilegal de su lugar de reclusión y objeto de cambios obligatorios en su aspecto físico.
Una vez hecho público lo que se suponía privado las alertas volvieron a encenderse en la agitada escena política de Venezuela, que a ratos secunda la delicada atmósfera económica que mantiene al país asfixiado por falta de inversión y la aplicación de dramáticos correctivos. Con pocos medios de comunicación libres editorialmente la crítica a la ilegalidad que el régimen viste de hallazgo también es escasa. El debate se queda entonces en torno al pescado, y no en la pesca.
Pero, ¿Cuán violatorio es infiltrarse en una conversación que se supone privada?
La legislación venezolana prohibe que, sin autorización de un tribunal, se intervengan llamadas telefónicas, y la Carta Magna consagra además el derecho a la privacidad.
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