Un poder electoral independiente integrado por técnicos idóneos es la aspiración de los venezolanos que sentimos la democracia no sólo como un sistema político sino que la hemos convertido en nuestro modo de vida.
La conquista del voto soberano la alcanzamos hace 69 años por la determinación de un auténtico gobierno revolucionario presidido por Rómulo Betancourt, el político más descollante del siglo XX.
Lo primero que hizo el régimen actual fue pulverizar la soberanía popular, desnaturalizando el voto soberano para elegir los cargos de elección, con un CNE corrupto, manipulador y prosternado al Psuv.
Este régimen no es constitucional, por eso no lo llamamos gobierno; basta alzar la mirada y percatarse cómo vive la nomenklatura militar- civil, que con impudicia mete sus manos peludas en el tesoro público. Pero en el ambiente flota que la democracia volverá definitivamente para arraigarse en el siglo XXI.
Merecemos un ente electoral que se conduzca de un modo tal en el que la transparencia se convierta en el eje transversal que atraviese todos sus procesos y actuaciones, rigiéndose siempre ante la mirada escrutadora y necesaria de la ciudadanía, el poder soberano, con total apego a la Constitución y a la ley. No es el caso del bochornoso CNE, con cuatro chavistas en su directiva de cinco. Los desafueros han sido muchos y seguidos. Veamos.
Retrasaron el anuncio de la fecha de las elecciones parlamentarias del 6D, buscando crear desánimo y adicionalmente ratificaron a la obsecuente y cuestionada señora Lucena al frente del CNE.
Inhabilitaron ilegalmente a candidatos ganadores y acometieron arbitrarios cambios en la base poblacional de algunos circuitos para favorecer a candidatos oficialistas.
El régimen repentinamente se sacó de la manga la “paridad de género”, después que la MUD había escogido sus candidatos, con el propósito de trastocar sus planchas. La rebanadora oficialista pretende sustraer votos mediante el cobarde expediente de la criminalización y persecución de dirigentes. Con descaro expropió y se adueñó de los nombres de partidos para confundir, y financia con dinero del Estado candidaturas disfrazadas de oposición.
El colofón lo marca el diseño fraudulento del tarjetón electoral, rodeando la tarjeta de la MUD con tarjetas oficialistas de igual forma, color y letra. Y los decretados estados de excepción para tratar de hurtarse 23 diputados, porque los candidatos oficialistas pueden hacer campaña, incluso con los bienes públicos y los de la oposición no pueden convocar movilizaciones porque les aplican el artificio de la suspensión de garantías. Con toda la trampa votaremos y ganará la democracia.
No más prisioneros políticos, ni exiliados!
@JulioCArreaza