Lo que dijo, ya constituye un hecho público, notorio, comunicacional: “el 100% de las pruebas del caso de Leopoldo López se inventaron”. “Los testigo falsos fueron obligados a declarar de la manera que nosotros queríamos”. “En la Fiscalía se ejecutan las órdenes que dan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello”. “Me ordenaron perseguir a López mucho antes de ocurrir los hechos que se le imputaron”. “Diosdado Cabello y el General Benavides hicieron el acta policial de detención”. “En el Ministerio Público no hubo ningún incendio”. “El Vicefiscal me envió previamente, por mensaje de texto, el nombre y el número de teléfono de la juez que iba a conocer de la orden de detención” (lo que deja ver que la juez habría sido seleccionada, no por sorteo o distribución, como corresponde, sino a dedo, violándose con esto el principio del juez natural y el debido proceso). También, entre otros aspectos, señaló que “la Fiscal General conoce de todas las irregularidades del caso, ella tenía acceso directo a mi computadora”.
No se necesita ser abogado para saber que un juicio con estas características debe ser declarado nulo, con la consecuente libertad inmediata del acusado-detenido. En este sentido, la defensa ya ha anunciado la interposición del recurso de apelación. Asimismo, el artículo 462 del COPP establece, en favor del imputado, el recurso de revisión, el cual procede “cuando la prueba en la que se basó la condena resulte falsa”. El TSJ también pudiera avocarse al caso para anularlo, pero sabemos que esto es casi imposible, ya que el sistema de justicia está secuestrado por el partido político en el poder.
Al caso de Leopoldo López se le suman el de Manuel Rosales (en el cual su verdugo judicial, el exmagistrado Aponte-Aponte, también confesó que todo había sido un montaje para sacarlo del escenario político), el de Iván Simonovis, Antonio Ledezma y el de tantos otros presos y perseguidos políticos que han sido víctimas de la utilización del sistema de justicia para satisfacción de los caprichos de un grupo.
Montar expedientes falsos constituye una grave violación a los derechos humanos y también un acto delictivo previsto en nuestra legislación. El problema es que hoy los encargados de investigar esta situación serían los propios señalados de ser los autores intelectuales o determinadores.
Mientras los fiscales del Ministerio Público y los jueces estén dedicados a perseguir y detener a la disidencia política, los delincuentes que asesinan, secuestran y roban a los ciudadanos honestos seguirán gozando de total impunidad. Por eso es tan importante la elección del próximo 6 de diciembre, ya que de ella depende la posibilidad de poner en marcha la renovación del hoy putrefacto sistema de justicia.
@luisizquiel