Acompañado de representantes de los diferentes partidos que integran el comando nacional de la Unidad Democrática, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por La Causa R (LCR), Andrés Velásquez, cuestionó la negativa del Gobierno y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en aceptar la observación internacional para los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre.
Nota de prensa
Considera que esta negativa responde a una estrategia para ocultar las trampas y fraudes del ventajismo electoral por parte del sector oficialista. “La anunciada derrota electoral, corroborada por todas las encuestas, los ha llevado a cometer descaradamente todo acto de abuso de poder, todo tipo de desafuero”, afirmó.
El parlamentario destacó las recientes denuncias de chantaje y extorsión política contra educadores del estado Bolívar, trabajadores de empresas básicas, y empleados de la gobernación y las alcaldías, a quienes se les entrega planillas 1×10 del Partido socialista Unido de Venezuela (PSUV), obligándolos a convertirse en movilizadores del Gobierno para las elecciones del 6D.
Lo mismo ha ocurrido con beneficiados y quienes están en lista de espera en la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) también reciben estas amenazas en las que “tienen que activarse en la campaña para garantizar el voto del Gobierno. Además, discursos amenazantes de intimidación, incitación al odio que hace el presidente Nicolás Maduro, y las declaraciones alcahuetas y sin vergüenza de quien está al frente del CNE, repitiendo el discurso del Gobierno y el uso de las Fuerzas Armadas en campaña electoral y en anuncios que activarán Áreas de Defensa Integral”, criticó Velásquez.
Sin amenaza que valga
Las amenaza a empresarios y la suspensión de garantías constitucionales mediante las prórrogas a los decretos de Estado de Excepción en varios estados del país, confirman según el diputado de LCR el cuadro de abuso, ventajismo y de corrupción por parte del Gobierno.
A estas denuncias, agrega los actos proselitistas que hacen candidatos del PSUV que parecieran haberse separado de sus cargos solo en anuncios. Héctor Rodríguez, candidato lista en Bolívar, “se separó del Ministerio de educación pero sigue actuando como ministro, y Ángel Marcano, sigue actuando como presidente de CVG Alcasa y de la Corporación del Aluminio”.
Sin embargo, para Velásquez “cuando los pueblos se deciden, están determinados a cambiar, no hay nada ni nadie, ni manipulación o amenaza alguna que impida que esos cambios se produzcan”.
“El pueblo tomó una decisión, Venezuela quiere cambio y democracia plena… no habrá manipulación alguna que pueda desestimular al pueblo venezolano, para una victoria de cambio que tiene que producirse con un tsunami electoral”, ratificó.
Dilapidación de Serlaca
En otro orden de ideas, el parlamentario se refirió a la promesa de la Ciudad del Aluminio, con la Empresa de Producción Social Servicios de Laminación (EPS Serlaca), comprendida dentro del desarrollo del eje Orinoco-Apure, y ubicada en Los Pijigüaos.
De acuerdo con un informe donde estudia todas las irregularidades referentes a esta empresa, señaló que existe una acusación directa en contra de la presidencia y gerencia de Serlaca, donde también se involucran diputados regionales como Kamal Naim y Zulay Betancourt, y José David Cabello, actual ministro de Comercio, el comandante José Pineda, entre otros, por su coparticipación en la dilapidación de esta compañía.
“Los trabajadores están solicitando la presencia de autoridades competentes que tomen decisión sobre la compañía, actualmente paralizada. Solicitan la destitución del presidente de la empresa y miembros de la junta directiva, que se haga una reestructuración total de la administración para enrumbar este proyecto que es para todos los venezolanos”, puntualizó.
Una vez completado el uniforme y estudiado de manera exhaustiva, se presentará ante comisión de contraloría de la AN, “para que sea responsabilidad de la nueva mayoría parlamentaria que vamos a tener y que sí va a investigar todas estas denuncias”, aseveró Andrés Velásquez.