El diario “online” nicaragüense Confidencial escruta fondos venezolanos recibidos por el país; según la investigación periodística, US$3.047 millones se habrían “privatizado” sin ninguna clase de ley o escrutinio público.
Opacidad y falta de fiscalización pública, derivan en apropiación de fondos estatales para negocios privados de la familia presidencial. En el 2010, cambiaron reglas de ayuda de Venezuela: 62% para proyectos “con fines de lucro” y 38% son donaciones para “proyectos sociales”. El peso decisivo de Albanisa en el sector energético: generación, distribución, importación de derivados, y red de gasolineras. Se trata de un reportaje realizado conjuntamente por confidencial.com.ni y la página venezolana armando.info, con el apoyo de Open Society Foundation.
Ocho años después del inicio de una fluida cooperación estatal entre Venezuela y Nicaragua, el gobierno del comandante Daniel Ortega ha “privatizado” más de US$3.047 millones de dólares de la factura petrolera sin ninguna clase de ley o escrutinio público, mientras ha fomentado con la venia de Venezuela el surgimiento del nuevo grupo económico Albanisa, con un peso decisivo en el sector energético nacional, así como el desvío de fondos millonarios a otra clase de negocios privados controlados por la familia presidencial.
Cuando el comandante Hugo Chávez acudió a Managua a la toma de posesión de Ortega, en enero de 2007, al día siguiente se suscribió un acuerdo energético que rige la cooperación y permite a Managua importar diez millones de barriles anuales. El acuerdo fue suscrito en el marco de Petro Caribe en marzo del 2007, pero aún faltaba el acta constitutiva de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), la compañía “privada” creada en julio de ese año que serviría para importar el petróleo y cuyos socios serían dos empresas estatales: la petrolera venezolana PDVSA con el 51% de las acciones y la nicaragüense Petronic con el 49%.
El acuerdo original establecía que Nicaragua pagaría el 50% de la factura petrolera a 90 días y el otro 50% se pagaría en términos concesionales pactados a más de 23 años plazo con dos de gracia, quedando este fondo a disposición de Nicaragua para financiar obras de infraestructura y proyectos sociales. Unos meses después, a finales de abril del mismo año, los Presidentes suscribieron el acuerdo energético del ALBA, modificando el anterior en el que se establece que del 50 % del préstamo, el 25% sería cooperación no reembolsable canalizada a través del Fondo Alba, y que el restante 25% sería asumido por Nicaragua.
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