El 6 de diciembre del 2015 sucedió un “tsunami electoral”. Todos los venezolanos se volcaron a la calle para ejercer su derecho al voto. Una participación de casi 90% de la población electoral demostró un deseo de cambiar el régimen, en paz y en democracia lo antes posible. Ese triunfo de la oposición al representar un 60% sobre el 40% del oficialismo, fue una derrota electoral que se transformó en una derrota política al conformarse en el país un nuevo mapa político de soporte popular.
Debido a esa avalancha de votos¸ a una comunidad internacional atenta a los resultados de las elecciones y a una oposición en la calle actuando firmemente como mayoría, el CNE se vio obligado a reconocer el triunfo de la alternativa democrática. Sin embargo, esa diferencia de votos solo representó 89 diputados, frente a 78 del oficialismo, debido a la conformación de los circuitos electorales y abusos del gobierno.
El voto castigo contra Maduro y su régimen fue producto del descontento generalizado por la crisis económica, donde el Banco Central dejó de publicar estadísticas para esconder una caída de 15% en el PIB y una inflación superior al 200%. Pero también fue la respuesta a 17 años de expropiaciones, robos y amenazas a empresarios; por las colas en farmacias y supermercados; por los estudiantes presos, torturados y asesinados; por la injusta prisión de Vivas, Forero y Simonovis; por los juicios contra Antonio Ledezma y Manuel Rosales; por la arbitraria sentencia de Leopoldo López; y finalmente como corolario, por el nexo entre el narcotráfico y el régimen de Maduro.
El colapso económico, la gravedad de la situación político-social y las imputaciones de EEUU sobre narcotráfico y lavado de dinero contra el gobierno bolivariano, fueron los detonantes que obligaron a una salida institucional de la crisis, que resultó en la renuncia de Maduro y su tren ministerial. Esa crisis política de tan extrema gravedad necesitó la intervención de la Fuerza Armada para cumplir con su obligación de restituir el orden interrumpido, nombrar una junta cívico-militar y un gobierno de transición.
La alternativa democrática al ser mayoría parlamentaria asumió unitariamente su papel, convirtiendo esa unidad electoral en una unidad programática, estableciendo como propósito la superación de la crisis y la recuperación de la democracia. El 5 de enero del 2016, se instaló la nueva Asamblea Nacional, escogió su Junta Directiva, decretó un periodo de transición y elecciones presidenciales en diciembre de ese mismo año, designando a Antonio Ledezma como presidente de la transición. La Fuerza Armada Nacional en cumplimiento de sus funciones y al servicio exclusivo de la nación, respaldó al gobierno de transición y a las decisiones Asamblea Nacional.
El presidente Antonio Ledezma acordó formar gobierno, nombró su gabinete y a sus colaboradores. La Asamblea Nacional decretó un gobierno de transición hasta el 2 de febrero del 2017, fecha en la cual el presidente Ledezma le hará entrega al triunfador de los comicios que deberán efectuarse el 5 de diciembre del 2016.
Hoy el gobierno del Antonio Ledezma es un hecho cumplido. Un nuevo equipo se encuentra instalado en Miraflores trabajando en la reconstrucción del país; y una renovada Asamblea Nacional legisla y corrige las perversas distorsiones legales de los últimos años. Estamos en plena campaña electoral con los candidatos presidenciales recorriendo el país: Leopoldo López, Manuel Rosales y Henrique Capriles.
Nota del autor: El presente artículo es hipotético y solo representa nuestro punto de vista, reflexiones y especulaciones.
Juan Marcos Colmenares
Abogado