En municipios bajo estado de excepción, la carrera electoral se desarrolla sin obstáculos y con poca propaganda en las calles. Los electores no dejan de relacionar la intención de voto con lo que vienen experimentando desde hace tres meses, cuando el Gobierno les puso cerrojo a los puentes binacionale Junín, el municipio con más electores del circuito de frontera, es reñido en materia de elecciones parlamentarias. Así lo reseña lanacionweb.com
En las de 2010, la diferencia entre oficialistas y opositores fue de 1.600 votos. A pesar de esto, las calles de Rubio, capital de expresidentes, no muestran cara de campaña electoral: ni largas paredes tapizadas con sonrisas de candidatos, ni postes decorados con pendones por sus calles centrales.
José López es uno de los 17.000 electores de la parroquia Bramón, pero también uno de los habitantes de frontera consultados para este trabajo que coinciden en no sentir ambiente electoral. “La propaganda para estas elecciones no hace falta, porque la necesidad es más grande que cualquier afiche. ¿Qué más que el cierre de frontera para salir a votar?”, relaciona el transportista de una línea que desde Rubio iba a Cúcuta, y ahora hasta San Antonio; una ciudad que compara con “un desierto”.
Yuleima Mendoza, educadora, tampoco se siente empapada de campaña. “No recuerdo cómo se llaman los candidatos, lo que sé es que ni se consiguen los alimentos”, confiesa, desde una cola para surtir gasolina en pleno Rubio.
Sí. A tres meses del cierre de la frontera del Táchira con Norte de Santander, en Rubio reaparecieron las filas por combustible. Mendoza esperó entre una y dos horas el viernes 13 y luego el miércoles 18, cuando disminuyó parcialmente porque efectivos militares empezaron a solicitar documentos.
“Escuché que están pasando por Delicias”, dice, dubitativa. “Y por El Escobal dicen que también”, añade el señor que tiene delante en cola. En Coloncito y La Fría se observaron bombas cerradas el jueves 12. En una de las estaciones de San Antonio no despacharon entre el lunes 16 a mediodía, cuando se agotó, y el miércoles 18 a la misma hora.
Allí, en San Antonio, se aprecian en los postes pequeños carteles solo del candidato del oficialismo. La opositora se limitó a poner vallas a la entrada de los municipios. Rogelio Gómez, un habitante de Palotal, comunidad que ya fue visitada por rojos y azules, tampoco se ha contagiado de la campaña y también lo adjudica a las consecuencias del cierre fronterizo.
“Está muy apagado todo. Lo de la frontera nos ha perjudicado muchísimo”, comenta Gómez, sentado en el frente de la casa junto a su esposa, quien le completa la idea: “Aquí no se consiguen las cosas y ahora tampoco se puede traer nada de allá”. Por eso, dicen, votarán.
Las colas perdidas
En un supermercado del centro de San Antonio, Carmen Amparo engrosa una fila por dos kilos de harina y un paquete de papel higiénico. El hábito de las colas -aunque estas han bajado en espesor- no ha desaparecido del paisaje fronterizo. “El desabastecimiento de productos continúa, porque el contrabando sigue por las trochas”, pronuncia, tan segura como molesta, la ama de casa.
Menos de 10 cabezas la separan de la entrada, esa que ya no será necesario traspasar. “Se acabó lo que había”, anuncia un empleado. Es relativamente temprano (9:30 am) y, al ver cerrados tres de seis comercios en una misma cuadra, surgen dudas: ¿San Antonio no ha terminado de desperezarse, o esta gente bajó la santamaría?
Tres comerciantes construyen la respuesta: están los colombianos que cerraron y se fueron, otros no tienen horario fijo desde el cierre de frontera (abren un día y otro puede que no) y algunos chinos con varios locales concentraron la mercancía en uno solo.
Hasta el último comercio
La avenida Venezuela es ahora un mosaico de puertas abiertas y cerradas. El último comercio de suelo venezolano, justo antes de la aduana y el puente, es una venta de perfumes, cosméticos y accesorios que administra Viviana Restrepo. Por su frente, desde hace tres meses solo pasan los beneficiarios de los pasos viajero, estudiantil y médico.
A Restrepo le tocó darle la liquidación a su empleada. Confiesa que, a duras penas, el negocio da para pagar el alquiler del local. “Creo que vamos a cerrar”, remata. Cerrado ya está el negocio de enfrente, que quedó en remodelaciones inconclusas, así como el restaurante del lado, porque la propietaria sigue del otro lado del río y no ha podido regresar.
En la misma avenida, la venta de jeans que administra Jesús Locayo sí seguirá abierta, aunque califique las ventas de “regulares”. Como la mayor parte de la materia prima era colombiana, la fábrica local que los confecciona está trabajando al 40% de su capacidad y varios operadores se han retirado.
Pero las santamarías más cerradas de San Antonio son las de los operadores cambiarios, desde que el 11 de septiembre el Gobierno determinó irregularidades y ordenó su clausura. Algunas tenían más de 20 años laborando.
Elena Chávez, arrendadora de dos locales que funcionaban como casas de cambio, comentó que le pagaron alquiler hasta diciembre, pero no le han entregado los inmuebles. “Ellos dicen que van a esperar las elecciones, a ver qué pasa”, refiere la señora que, a pesar de tampoco observar furor de campaña, ya montó la navidad en casa.
Campaña: no, pero sí
Los derechos constitucionales al libre tránsito, a las reuniones públicas y a la manifestación pacífica están restringidos, según el decreto de estado de excepción, en 10 de los 29 municipios del Táchira. Esto es, en 29% de la superficie estadal, donde se concentran más de 465 mil habitantes.
Pero esto no choca con el proceso electoral, ha aclarado Tibisay Lucena, presidenta del CNE: “Los decretos de estados de excepción en ningún momento afectan la esfera de los derechos políticos y civiles de los electores relativos al proceso comicial”. A escala regional lo ha ratificado el director del ente comicial, Bladimir Pérez.
Los seis municipios del circuito 1, el de frontera, son coincidencialmente los mismos que configuran la zona de seguridad 1. Es decir, los 10 candidatos inscritos nominalmente para legislar en nombre de San Antonio, Ureña, Delicias, Rubio y los dos Capachos, están haciendo campaña en un área en su totalidad bajo estado de excepción.
Diario La Nación consultó sobre esto a los dos principales contendores. El abanderado del Gran Polo Patriótico, Néstor Sayago, afirmó que han trabajado en la campaña sin ningún tipo de limitaciones en diversas actividades públicas, como caravanas, concentraciones, caminatas, casa a casa, conciertos, recorridos y actividades con las mujeres y los adultos mayores: “Nuestras libertades políticas están totalmente garantizadas”.
La representante de la Mesa de la Unidad, Laidy Gómez, sí ha registrado limitaciones. La más reciente sucedió el pasado martes, en un casa a casa por El Valle. Presuntos funcionarios de seguridad del Estado, a bordo de camionetas grises, rodearon la cuadra. Luego, desde otro carro escoltado por policías, se detuvieron frente a ella y la fotografiaron.
La candidata opositora describió que están realizando actividades de casa a casa, tomas de las comunidades y asambleas ciudadanas en espacios cerrados. Interrogada sobre por qué ha desplegado tan poca propaganda en las calles, contestó que están más concentrados en enseñar a la gente sobre cómo votar y en repartir boletas electorales y volantes.
“No podemos competir con el poderío económico del Gobierno y con su propaganda avasallante en instituciones públicas como el Saime de San Antonio, donde hay propaganda política”, alertó Gómez.
Comparativamente, menos impacto tiene el decreto de estado de excepción sobre el circuito 2, donde solo dos de sus siete municipios están bajo esta medida; y sobre el circuito 3, donde también dos de sus diez jurisdicciones mantienen restricciones de garantías.
Aquí no se vende carne
A varias carnicerías del centro de San Antonio como la que administra Alba Teres les bloquearon, sin fiscalización previa, el código SADA. “Cuando sí nos visitaron se dieron cuenta de que todos los papeles estaban bien. Luego nos dijeron que habían mandado para Caracas la orden de desbloqueo”. De eso ya hace mes y medio.
La realidad es que en esa carnicería no han vuelto a vender ni carne de res, ni pollo. La charcutería, con la que rellenan el frigorífico principal, era del inventario que están agotando. Otro par de refrigeradores llevan dos meses y medio vacíos. De 18 empleados, el establecimiento bajó a dos. “Si cerramos nunca podremos recuperar el código”, afirma Teres.
En la avenida Venezuela el panorama no es diferente. Mientras una carnicería cerró indefinidamente, otra se mantiene abierta pero sin carne ni pollo que vender.
Por esto es que habitantes como Miriam Castañeda, vendedora en una ferretería, viajan al mercado municipal de Capacho para abastecerse. “Antes del cierre de frontera, como se la llevaban para Colombia, vendían era la pieza completa de carne de primera; cinco o seis kilos, y uno tampoco podía llevar tanto”, recuerda.
Ureña, gigante dormido
La zona industrial de Ureña parece un gigante dormido. En una de sus empresas del ramo metalmecánico, cuatro trabajadores terminan la producción que había quedado a medias cuando el Gobierno le puso el “no pase” a la frontera.
Los cuatro son la sombra de la nómina general, que asciende a 100 empleados, 70% de ellos habitantes de Colombia. “La mayoría ya no quiere venir; si no se les paga el equivalente a un salario mínimo de allá, no vuelven”, explicó Miguel Duque, representante de la fábrica.
Como en Venezuela cuesta encontrar la materia prima, aproximadamente 70% de ella (láminas, acero inoxidable, tuberías y hasta pinturas) era importada del país vecino. Aquí, cuando se consigue, una lámina pasó de costar 700 bolívares hace un año a 9.000 ahora.
Aunque ya venían “de capa caída” desde hace tres años, aportan al mercado: línea de oficina, vitrinas, camas clínicas, mobiliario para colegios, carros de perrocalientes, hornos… Ahora todo es incierto. “Si esto sigue así nos tocará paralizar totalmente y ver qué sucede”, augura Duque.