El adelanto del pago de las utilidades a partir del 15 de noviembre, ordenado por el presidente Nicolás Maduro, trajo más sinsabores que alegrías entre la población asalariada; no por el adelanto o el incremento, sino por la dilución de este beneficio de ley en una economía hiperinflacionaria, reseñó Correo del Caroní.
Por Raúl Vejar
La medida anunciada el mes de octubre, tuvo como objetivo la implementación del pago de los aguinaldos con el nuevo rango económico causado por el aumento del salario mínimo.
Pero la inflación, que según los ciudadanos le resta valor significativo a los beneficios de esta bonificación, sigue siendo una realidad para todos. Paralelo a esto el Banco Central de Venezuela aún no revela las cifras oficiales de esta variable, dejando como resultado una incógnita en el ambiente económico venezolano.
Sin mayor impacto
El pago de las utilidades por otro lado no ha mermado la sensación de una profunda crisis. Los ciudadanos que se preparan para las compras navideñas se preguntan si el bono alcanzará para cubrir lo que atañe a los gastos decembrinos.
Rosa Peñalver, guayacitana que este sábado camina en el CC Alta Vista II, atribuye al poco rango de beneficios que tienen las utilidades no a las empresas, sino a la inflación descontrolada y a la poca capacidad administrativa del Ejecutivo: “Ni ganando 100 mil bolívares mensuales podríamos satisfacer las necesidades del venezolano”.
De por sí el aumento del salario mínimo estuvo lejos de concretar mejoras en la economía del país, por no poder cubrir el disparo excesivo de los precios de los productos de la canasta básica y poniendo en evidencia la inflación agresiva que vive la nación. Como consecuencia de esto, una familia guayacitana tiene que gastar al menos 11 mil bolívares para comer por una semana.
Y a pesar de que el pago de las utilidades puede significar un “colchón” económico para algunos, los ciudadanos manifiestan que no alcanza para estar cómodos con la economía. Un ciudadanoen Alta Vista, que prefirió guardar su identidad, está seguro de que los más afectados son los individuos con familias grandes y que el aumento salarial “forma parte de toda la propaganda política”.También manifiesta que las utilidades no quitan el factor de que el venezolano siga siendo un mal pagado.
Más descontento que alivio
Pero no todo es descontento. Jenni González está conforme con el pago de sus utilidades, tiene la certeza de que el país está mal por culpa de la especulación y está dispuesta a hacer cola por comida siempre que pueda para no comprar los productos a precios más elevados. “Solo tengo que buscar donde hay buenos precios”, alega.
Pero hay un mar de individuos que no se muestran demasiado animados. Uno de ellos es José Gregorio D’Aubeterre, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Guayana, que aunque aplaude la responsabilidad del Gobierno y su puntualidad al cumplir con su deber legal para con el pago de los aguinaldos y bonificaciones, cree que la situación del país no responde a lo que deberían ser las utilidades:
“Las utilidades, al menos dentro del campo de educación, han sido canceladas de manera puntal, el punto es que te alcance por la situación económica del país”.
Por otro lado agrega que “la gente está haciendo lo que le da la gana” en materia económica,debido a dos factores: la inflación crítica a nivel nacional y el segundo, la #viveza del venezolano”, que se aprovecha del descontrol económico. Puso como ejemplo a los taxistas y revendedores.
“Más de lo mismo”, agrega Carmen Ruíz, ciudadana que pasea en el CC Alta Vista y que no está segura de si las utilidades amortigüen el descontrol económico: “Son solo promesas y más mentiras”, se queja con respecto a las maniobras oficialistas para un supuesto mejoramiento de la economía en el ambiente electoral.
Sin las expectativas de la población cubiertas en su totalidad, con la preocupación encima de un diciembre caro y faltante de varios elementos tradicionales decembrinos, el gobierno continúa sus anuncios de lucha en contra de la especulación, con la pretensión de disminuir los precios casi a la fuerza mediante medidas que dejan qué desear y que no apaciguan el descenso del poder adquisitivo.