Una comisión formada por 65 diputados de 23 partidos decidirá si la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, será sometida a un juicio político, como recomendó el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, informaron hoy fuentes oficiales.
EFE
La conformación de esa comisión es uno de los requisitos que la Constitución contempla para un proceso con miras a la destitución de un mandatario y fue acordada hoy en una reunión a la que asistieron los jefes de todos los partidos en el Congreso y el propio Cunha.
Según informó la Cámara de Diputados, los partidos políticos deberán designar a sus representantes en ese grupo antes del próximo lunes, cuando la comisión deberá reunirse por primera vez.
En la primera sesión, serán elegidos el diputado que presidirá los trabajos y el responsable de actuar como instructor del proceso.
Una vez instalada la comisión, se notificará oficialmente a la jefa de Estado sobre el inicio del proceso, tras lo cual se abrirá un plazo de diez sesiones, aún no definido en términos de días, para que Rousseff presente su defensa.
Los alegatos de la mandataria y de la parte acusadora serán debatidos durante otras cinco sesiones, al cabo de la cual los miembros de la comisión deberán votar el informe que preparará el diputado instructor del caso.
Ese informe será votado por la comisión y, de ser favorable al juicio político, pasará a ser debatido por el pleno de la Cámara de Diputados.
Si 342 diputados, que constituyen dos tercios del pleno de 513 miembros de la cámara, votaran a favor del proceso, Rousseff sería separada de la Presidencia por un plazo de 180 días, que es el tiempo que tendría el Senado para realizar el propio juicio político.
Uno de los puntos que todavía resta definir es si el Congreso alterará su calendario, que prevé un receso que comenzará el 22 de diciembre próximo y sólo concluirá el 2 de febrero del próximo año.
Parlamentarios de varios partidos se pronunciaron hoy por la cancelación del receso y la continuidad de la tarea legislativa debido a la “inestabilidad” que puede crear una posible dilatación de una definición sobre el juicio contra Rousseff.
Sin embargo, una decisión de esa naturaleza sólo puede ser adoptada por el pleno del Congreso, que aún no se ha planteado el caso formalmente.
La apertura de un proceso con miras a la destitución de la jefa de Estado fue solicitada por un grupo de juristas y cuatro partidos opositores, según los cuales incurrió en irregularidades fiscales que suponen un “delito de responsabilidad”, que la Constitución contempla entras las posibles causas para un juicio político.