El presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Bryan Jiménez, tiene desde hoy una orden de captura en su contra con fines de extradición a Estados Unidos.
EFE
Así informó a periodistas el primer subsecretario general del Ministerio Público (MP-Fiscalía), Francisco Rivas, quien explicó que esta medida, que ya está “autorizada”, fue recibida a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala.
Jiménez, reelegido en 2013 hasta el año 2017, está acusado por Estados Unidos de ser uno de los implicados en una nueva trama de corrupción dentro de la FIFA, destapada este jueves por la fiscal general de ese país, Loretta Lynch.
Fuentes oficiales del Gobierno de Guatemala explicaron a Efe que están “actuando rápidamente y en el marco de la ley” para poder cumplir con esta orden.
El comité directivo de la federación tiene previsto reunirse este viernes para tomar “decisiones” sobre esta situación, como una posible dimisión de Jiménez, según señaló hoy el secretario adjunto de la institución, Renato Durán.
Jiménez, que hoy no hizo ninguna aparición pública, dijo el jueves que es “inocente” de las acusaciones de corrupción en su contra y pidió cautela, por tratarse hasta ahora de una investigación.
Según la orden de captura, el directivo guatemalteco está acusado de los delitos de criminalidad organizada y lavado de dinero.
Este mismo viernes también fue detenido en Estados Unidos, concretamente en Florida, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala Héctor Trujillo, también secretario general de la federación nacional de fútbol e involucrado en la red de corrupción.
Trujillo está sindicado de dispensar “justicia, mientras solicitaba sobornos y vendía su influencia dentro de la FIFA”, máximo órgano de dirección del fútbol mundial.
La investigación por sobornos, que alcanzarían los 200 millones de dólares, incluye 92 cargos por delitos que van desde organización mafiosa y fraude masivo hasta blanqueo de dinero, y los acusados, de los que ocho ya se han declarado culpables, se enfrentan a un máximo de 20 años de prisión.
Los nuevos cargos golpean especialmente a directivos de la FIFA en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
En Guatemala también está involucrado el expresidente de la federación nacional guatemalteca Rafael Salguero, que por el momento no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra y del que tampoco las autoridades han dado ninguna información.