A casi dos meses de los últimos acuerdos, el movimiento 11 de Orinoco Iron pidió explicación sobre la negociación de la convención colectiva que este 2016 cumple seis años de vencida, reseñó El Correo del Orinoco.
Clavel A. Rangel Jiménez
El vocero del equipo y parte del Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase), Orangel Palma, denunció que “una vez más” el contrato está “secuestrado”.
“Se están discutiendo dos cláusulas de las cuales aún no hemos visto resultados, ni tenemos noticias ni del sindicato ni de la empresa”, reclamó.
Para los trabajadores es de alarma que a pesar de que son la única empresa del sector briquetero que está produciendo, es una de las que menos beneficios tienen en comparación con sus pares.
Pese a que la empresa se comprometió a dar un aumento el 22 de octubre, esto solo fue un ajuste en relación al 30 por ciento de incremento de salario mínimo decretado por Nicolás Maduro. “Aún así no se nos aplicó todo, porque días antes la empresa había pagado 100 bolívares de aumento”.
Palma condenó que la empresa y los sindicatos solo se hayan puesto de acuerdo para condenar a la dirigencia y calificarla de despido, como han hecho en su caso “y eso nosotros hoy lo estamos denunciando”.
“Esto va mucho más allá de lo social, es un problema que se ha desatado de terrorismo laboral, de persecución a los trabajadores”.
La posición de las organizaciones, dos en total en la empresa, tampoco goza de legitimidad, dijo Palma, pues ambos sindicatos tienen el período vencido. Caso más grave aún, mencionó, el de Sutrametal que nunca ha presentado cuentas y las elecciones están pendientes desde 2014.
Los trabajadores no solo prestan servicios en condiciones económicas adversas, mencionó, sino que además están expuestos a todo tipo de riesgo porque la fábrica no está cumpliendo con los implementos de seguridad. “Pasamos de tener tres salarios mínimos, a que el salario mínimo sea nuestra referencia”, acotó.
Por todo esto, informó, están preparando un informe a la nueva Asamblea Nacional que se instalará el próximo 5 de enero de 2016 en el que pedirán que los diputados hagan rendir cuentas al Ministerio de Industrias y a los presidentes de las briqueteras por el destino de los recursos generados por la venta de briquetas.