¿Quién es el abogado de quien todos hablan?[1] Luis Alejandro Aguilar Pardo pertenece a una estirpe de ilustres abogados. Su padre, José Luis Aguilar Gorrondona fue un académico del Derecho, autor de libros y afamado profesional. Su abuelo, Óscar Aguilar Lameda, tuvo una brillante carrera como embajador. Por el lado materno, su abuelo fue el ingeniero Edgar Pardo Stolk, quien dejó su huella hasta en edificios de Nueva York. Ministro de Obras Públicas cuando Gallegos, fue a entregarse cuando éste cayó, al saber que los demás ministros estaban presos. Cuando llegó ante las autoridades militares que habían dado el golpe y les dijo que venía a entregarse, la respuesta fue “nosotros lo conocemos, doctor Pardo, váyase para su casa”.
Este abolengo lo compromete aún más. Luis Alejandro fue criado bajo estrictos preceptos asentados en una carta que escribió a sus hijos su tatarabuelo Isaac J. Pardo. De educación y tradición jesuita tanto en el colegio como en la universidad, culminó brillantemente sus estudios con un postgrado en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign. De allí pasó a trabajar en la firma Sullivan and Cronwell de Nueva York, antes de regresar a Venezuela.
Lo conocí cuando él tenía quince años y yo, trece. Ya entonces era evidente su espíritu de justicia, que algunos mayores tomaban por rebeldía. No se quedaba callado ante los atropellos, rechazaba los privilegios y levantaba su voz ante las iniquidades. Incluso redactó una Constitución para el Estado terrestre alabada, entre otros, por su Profesor Adolfo Salgueiro. Hoy, cuarenta y cuatro años después y con la misma entereza, Luis Alejandro Aguilar le escribió una carta al Juez Crotty, quien sigue la causa de los primos Flores, sobrinos de la Primera Dama y Diputada Cilia Flores, imputados por narcotráfico en los Estados Unidos.
La carta iba dirigida al juez, en primera instancia, pero tenía dos recipiendarios más: la Fiscalía del Distrito Tercero de Nueva York y el escritorio de abogados Squire, Patton y Boggs, contratado para defender a Efraín Campo Flores. En ella se presentó como un venezolano preocupado por los intereses colectivos y difusos de sus conciudadanos que podrían ser lesionados si un organismo perteneciente al Estado venezolano pagara los altísimos emolumentos que la firma suele cobrar por la defensa del sobrino de la esposa de Nicolás Maduro. “No tienen profesión conocida, no tienen empleo declarado, sus familiares cercanos son empleados públicos que ganan sueldos bajos y en bolívares, que no pueden ser cambiados por el régimen de control de cambio”.
No había pasado más de media hora de haber comenzado la jornada laboral en Nueva York cuando el prestigioso bufete había respondido la carta. Un error detrás de otro, a la manera de ver de Aguilar. Primero, el responder la carta a alguien que no tenía ni arte ni parte en el juicio, le dio validez a su pregunta. Segundo, porque al reconocer que su firma representa al imputado Efraín Campo Flores, tiene que existir una carta compromiso. Tercero, porque la explicación de que no habían facturado (todavía) a ninguna institución del Estado venezolano y que no recibirían pagos de ninguno de esos organismos por costos de representación y servicios legales hasta ese día y durante el curso del juicio implica, obviamente, que sí iban a cobrar, pero no al Estado venezolano. ¿A quién, entonces?… Silencian quién respondería por el pago y el origen de los fondos, como estaban obligados a investigar.
El 16 de diciembre, un día antes de la audiencia, el bufete Squire Patton y Boggs envía una carta al Juez Crotty diciendo que habían convencido a Efraín Campo Flores había prescindido de sus servicios. Aguilar piensa que es una manera muy astuta de haber convencido a Campo Flores un día antes de la audiencia que era de su mayor conveniencia que los despidiera, pues así no tenían que dar ninguna explicación al juez de la causa:
“Si hubiera ocurrido un supuesto de retiro voluntario o de retiro obligatorio, se pudiera presentar la situación de que el juez cuestione al abogado por las razones para el retiro voluntario o para el retiro obligatorio y allí se pudiera presentar un conflicto ético por el deber de secreto profesional y por el deber de no causar daños al imputado. Lo que me extraña es la frase que usaron explicando que los despedían, porque despedirlos era en el mejor interés de Efraín Campo Flores. La charada, sin embargo, sigue siendo de dónde venían los fondos”.
La carta de Luis Alejandro Aguilar es un grito de la Venezuela digna, de esa Venezuela que se niega a aceptar los chanchullos, los abusos de poder y la corrupción. Ojalá que encuentre eco, pues para reconstruir el país necesitamos de muchas voces como la suya.
[1] http://elestimulo.com/blog/carta-juez-crotty-sobrinos-flores/)
http://www.maibortpetit.com/2015/12/conoce-por-que-los-abogados-squire.html