El pasado viernes 18 de diciembre, tan solo un día después de la conmemoración de la desaparición física de El Libertador Simón Bolívar, una situación irregular despertó el descontento de la colectividad de trabajadores del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Una conocida empresa distribuidora de alimentos detuvo un camión con un cargamento de atún y sardina en lata y a plena luz del día vendieron los productos a un valor superior al 42% de lo que marcaban dichos productos en el marco de una jornada de alimentación del estado.
Situaciones como esta se viven diariamente en Venezuela y nadie toma cartas en el asunto, empresas de supuesta naturaleza “socialista” se benefician de los subsidios del Estado para posteriormente acaparar y vender a sobreprecio comentaron algunos de los afectados.
En la sede del Ministerio de Servicios Penitenciarios ubicada en la Avenida Venezuela con Avenida Principal de las Mercedes en la urbanización El Rosal de Caracas se llevó a cabo la segunda “Jornada de Alimentación” para los funcionarios de dicha institución, con la intención de atacar el acaparamiento y la guerra económica por esta época decembrina. Sin embargo para sorpresa de muchos un camión se posicionó al lado ofreciendo productos enlatados con un valor sustancialmente superior al que marcaba la lata.
Una de las personas que se encontraban en el lugar, (quién solicitó discreción con su identidad); proporcionó parte de la información que prueba la irregularidad, aseguró que “Llegaron vendiendo la lata de atún en 150 Bolívares, hasta engañaron a los mismos empleados del Ministerio. Esos atunes no sabemos de dónde los sacan pero tienen marcado precio justo muy viejo (Bs. 62,08), lo más seguro es que son acaparados o de alguna red de supermercados del estado”, sugirió.
“Esta empresa llamada Distribuidora El Fogón de la Abuela registrada en el Estado Táchira suministra alimentos al Estado, tiene registro nacional de contratista y dice que tiene un contrato con el Ministerio de Servicios Penitenciarios, ente presidido por la Ministra Iris Varela. Al sentirse blindados por esto abusan y venden artículos de precios solidarios a un valor mucho mayor”, destacó el señor.
De acuerdo con el artículo 51 de la Ley Orgánica de Precios Justos se habla de especulación cuando se “venden bienes o prestan servicios a precios superiores a los fijados o determinados por la SUNDDE” Además de esto las sanciones por vía judicial serán de prisión de ocho (08) a diez (10) años. Igualmente serán sancionados con ocupación temporal del almacén, depósito, unidad productiva o establecimiento, hasta por ciento ochenta (180) días, más multa de un mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) Unidades Tributarias. La misma sanción será aplicable a quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los que hubieren informado a la SUNDDE.
“La ley de Precios Justos es muy severa, y ellos violan campantemente dicha ley vendiendo a sobreprecio y comprando a nombre de ese contrato para después explotar al pueblo inclusive al mismo Ministerio”, acotó “Inclusive en el SADA aparece registrado lo que compran para vender y sería bueno sugerir que le hagan una fiscalización a fondo de lo que compran y lo que facturan”.
La complicación del caso va más allá de una simple molestia particular y pasa a ser un problema colectivo ya que cuando el artículo tiene marcado el precio justo no se puede vender a un mayor precio porque está penado por la ley. Explicó que “se puede vender más caro de lo que compras pero se tiene que calcular, máximo un 30% de utilidad y no casi el triple del precio”.
Este hecho fue denunciado vía telefónica por algunos de los que estuvieron presentes el día de la jornada al 0800lojusto, sin embargo nunca se les dio respuesta.
La impunidad ante hechos como este y el silencio por la necesidad de llevar el sustento al hogar merman las oportunidades de denuncia de este tipo de situaciones que cada día se convierten en la solución más inmediata de algunos problemas de abastecimiento, sin saber que se crea una brecha mayor al delito, el contrabando y el acaparamiento.
Nota de prensa