Los 75 privados de libertad y más de 3.000 personas sometidas a procedimientos sancionatorios penales o administrativos por motivos políticos serán beneficiados por la amnistía que promueve la oposición. Pero, además, podrán solicitar indemnizaciones al Estado en los casos en que se demuestre que hubo violaciones de derechos humanos, indicó Alonso Medina Roa, directivo del Foro Penal Venezolano, publica El Nacional.
EDGAR LÓPEZ
El activista admite que no será fácil el resarcimiento de daños: “Por ejemplo, el capitán retirado de la Guardia Nacional Bolivariana Juan Carlos Nieto Quintero, que fue condenado por complicidad en instigación a la rebelión por su supuesta participación en el llamado golpe azul, que se habría intentado en marzo de 2014, fue detenido de manera arbitraria y sometido a torturas. De ello hay suficientes pruebas: informes médicos, videos, testimonios. Sin embargo, en otros casos puede ser más difícil recabar pruebas”.
Medina Roa añadió que 8 organizaciones no gubernamentales y 40 reconocidos juristas del país elaboraron 2 proyectos, uno de ley y otro de decreto, los cuales se nutrieron con los aportes de más de 6.000 personas que participaron en un debate público sobre la amnistía. Dijo que corresponderá a los nuevos legisladores evaluar las 2 opciones para decidir cuál es la más viable y conveniente, en términos jurídicos y políticos.
A favor de la ley. El representante del Foro Penal considera que una ley ofrece mayor amplitud normativa que un decreto, pues permitiría instituir un procedimiento que garantice la total exoneración de responsabilidad por todos los hechos políticos ocurridos desde 1999 hasta el presente, que hayan sido calificados de delitos por las autoridades judiciales.
“El proyecto de ley se fundamenta en una concepción amplia de las categorías preso político y perseguido político. Ello incluye a todas las personas sometidas a procesos penales o administrativos por expresar sus desacuerdos con el gobierno (entre ellos periodistas, directivos de medios de comunicación social y ciudadanos que han hecho críticas que molestan al oficialismo a través de las redes sociales), los investigados, enjuiciados y condenados por manifestaciones ciudadanas y estudiantiles, pronunciamientos públicos de civiles y militares, supuestas conspiraciones, así como los que han tenido que buscar protección en el extranjero”, precisó.
El abogado también adelantó que la propuesta legislativa establece que en un lapso máximo de 48 horas el juez de la causa debe conceder libertad plena a los favorecidos por la amnistía, y si trata de burlar la ley será sancionado. A diferencia de la amnistía decretada mediante ley habilitante en 2007, no será imprescindible que el beneficiario se haya puesto a Derecho. Incluso, la solicitud de libertad puede ser formulada por los familiares, los representantes legales o las organizaciones no gubernamentales.
“Amnistía ya fue la oferta de la oposición y por ello el procedimiento debe ser lo más expedito posible”, concluyó Medina Roa.