La organización civil Movimiento Vinotinto expresó su voluntad porque la Ley de Amnistía que estudia abordar la Asamblea Nacional incluya también a quienes han sido perseguidos penalmente por los llamados ilícitos económicos estipulados en la Ley de Precios Justos, así como a los dirigentes sindicales procesados por exigir derechos laborales.
A través de un comunicado, la ONG afirmó que estas personas también han sido víctimas de la violación de derechos humanos por parte del Estado, y deben ser tomados en cuenta.
La Ley de Precios Justos ha generado desde su entrada en vigencia cerca de 3.000 procesos penales a empresarios, comerciantes, microempresarios y consumidores, entre los cuales aún cientos permanecen en etapas de investigación o de pena.