“A mayor regulaciones, controles, impuestos, empresas del Estado, proteccionismo y demás formas de intervención gubernamental que existan; más pobre será el país” (Thomas di Lorenzo)
En estos últimos años Venezuela ha llegado a ser el país con el peor desempeño económico y la peor economía del mundo. El “Índice de Miseria Internacional” del Cato Institute y la lista de la agencia Bloomberg nos colocan en el primer lugar; y el FMI afirma que la economía venezolana está grave, afectada por varios problemas económicos: la caída de los precios del petróleo, la falta de capacidad productiva y una inflación en riesgo de hiperinflación.
Ante la profunda crisis que vivimos y después del contundente mandato de cambio expresado el 6D, lo que hace falta es rectificación y medidas económicas concretas. Pero no ha habido ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. El régimen ha dictado un “decreto de emergencia económica” donde pide poderes ilimitados, sin cifras que demuestren lo que está ocurriendo en Venezuela y denunciando una supuesta guerra económica.
Pero lo que los venezolanos exigimos es libertad. Libertad para disponer de nuestros bienes y vida; y libertad para los presos, exiliados y perseguidos políticos. Estas dos aspiraciones fueron un compromiso de la MUD y la Asamblea Nacional debe cumplir de inmediato. Y para que exista libertad debe haber propiedad, porque la propiedad privada se traduce en progreso de la familia y es inherente al ser humano. “Mío” es una de las primeras palabras que aprende a decir un niño y es la primera manifestación del derecho de propiedad privada. Esta claramente demostrado que existe una relación directa entre la protección al derecho de propiedad y el desarrollo económico; pero Maduro ya amenazó que tendrán que derrocarlo si se pretende aprobar una ley para entregarle títulos de propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda. Pues ese proyecto de ley ya fue entregado a la AN y tendrá que ser una de las primeras leyes aprobadas, porque fue un compromiso con los electores y será un paso para el ascenso social y salir de la pobreza. En forma conjunta y paralela, también se debe discutir y aprobar la “ley de amnistía y reconciliación” para beneficiar a los presos y exiliados políticos y aquellos en situación de procesados e inhabilitados. Esta ley beneficiará a cientos de venezolanos cuyo único delito fue exigir una mejor Venezuela y será un mensaje de paz.
Sin embargo, no podemos priorizar lo urgente por lo importante.
Debemos tener mucho cuidado con ese “decreto de emergencia económica”, porque pone en riesgo la libertad. El régimen no ha aceptado que el modelo de los últimos 17 años ha estado equivocado, no tiene la intención de cambiar ni rectificar e insiste en continuar con los controles económicos que nos han llevado al fracaso. Creemos que de aprobarse ese decreto serán más graves los problemas económicos, aumentará la escasez y la inflación, porque el ejecutivo tendrá facultades para expropiar. La emergencia por la cual atravesamos es consecuencia de la destrucción del aparato productivo, la violación de la propiedad privada, la corrupción y la mala administración de este régimen.
Lo que necesitamos es un cambio radical del modelo económico, donde se discipline el gasto público, se recupere la autonomía del BCV para frenar la emisión de dinero inorgánico y se genere confianza para atraer inversiones. Cada vez más, la recuperación de la economía y del país pasa por cambiar al gobierno, única forma de cambiar el modelo fracasado de controles por uno de libertad.
*Abogado
jmcolmenares@gmail.com