Enrique Mendoza, Ex-gobernador del estado Miranda afirmó que de acuerdo al Artículo 272 de la Constitución, el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos.
Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico.
“El día que se cumpla este mandato constitucional la historia cambiara, habrá competencia entre los estados para demostrar quienes administran y humanizan las cárceles con mayor eficiencia, hasta se podrá crear aportes especiales del gobierno central para quienes demuestren mayor eficiencia”, expresó el exparlamentario, asegurando que cuando se colocó en la Constitución la descentralización y privatización de las cárceles, era basado en una investigación hecha como experiencia exitosa en el mundo.
“Lo que no sabíamos es que quienes tomarían el poder no creen sino en el centralismo de Estado que no es otra cosa que más de lo mismo. En este problema de las cárceles no hay que inventar nada ni reformar nada, todo esta en la Constitución. Cuando se fue a implementar la nueva Constitución la Unión Europea trajo al país técnicos y recursos para financiar el programa de construcción y mejoras de las cárceles. Ese dinero se perdió en medio de la burocracia y no están claros los objetivos de lo que había que hacer. Yo mismo en esa oportunidad recibí a la persona que habian puesto al frente de la gerencia por parte de la Unión Europea el cual me anunció que se retiraba del pais por la falta de receptividad para el programa. Nuestro problema carcelario no se va a solucionar hasta que no se de aplicación del Art. 272 de la Constitución”, dijo.