La diputada a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, y presidenta de la comisíon de política interior, en entrevista por el programa primera página de Globovisión, explicó que el informe de la Fiscalía General de la República, se contradice a lo presentado el día de ayer en la Asamblea Nacional por la fiscal Luisa Ortega Díaz.
Según indicó Solórzano, la Fiscal será citada para que asista a la Comisión Permanente de Política Interior de la AN para que explique por qué el informe habla de una cifra de 63,5 homicidios por cada 100.000 habitantes y que en su comparecencia el pasado martes ella hablabló de 58,1 por cada 100.000.
El informe se refiere a 19.453 homicidios y la Fiscal mencionó solo 17.678. “La realidad del informe de la Fiscalía es que existe 98% casos de impunidad 14.278 denuncias de corrupción pero de esas denuncias sólo hicieron 207 juicios”, agregó que mantenemos los mismos índices de impunidad del año pasado.
Solórzano indicó que Ortega Díaz es la directora de la fundación penal y no tiene que ir a la Asamblea a exhortar a los cuerpos policiales a que trabajen para reducir los índices delictivos.
Para este miércoles está citado a comparecer ante el parlamento el presidente de Venezolana de Televisión (VTV), Jordán Rodríguez, por la difusión de audios “ilegales” que están prohibidos por la Constitución y Legislación venezolana. También se espera la comparecencia del director de la cárcel militar de Ramo Verde José Viloria, para que presente su versión de los hechos ante las denuncias por parte de Lilian Tintori y Antonieta Mendoza.
Hasta el momento los citados no han confirmado su asistencia a la Asamblea Nacional, pero la diputada Solórzano indicó que tienen sello de recibido de las citaciones formales.
La parlamentaria informó que el informe presentado por la Fiscalía expresa que el municipio con los índices de violencia más altos es el municipio Libertador del Distrito Capital.
Reiteró ante la negación del presidente Nicolás Maduro de aprobar la Ley de amnistía, que el ejecutivo no tiene competencia para aprobar esta Ley.