A 24 años del intento de golpe de Estado que además de causar el más grande derramamiento de sangre y pérdida de vidas causadas por una acción militar alguna en Venezuela durante la época contemporánea, los acontecimientos que hoy observamos, promovidos por los actuales seguidores de aquella situación que desvió al país de la senda democrática, definen lo que a todas luces revela una nueva intentona golpista contra la institucionalidad y también contra la férrea voluntad de los venezolanos, expresado en las recientes elecciones parlamentarias, de detenerlos en su persiste afán de destruirlo todo pese a constituir una utopía en la que ni ellos mismos creen.
Y si aquella fue con metralletas y morteros que cegaron la vida de decenas de inocentes involucrados, soldados que salieron a combatir por una causa que nunca les explicaron ni entendieron, la intentona actual tiene como armas la mentira, la manipulación y la arenga inyectada a parte de un pueblo que, confundido o engañado con manipuladoras promesas que le ofrecen un mundo mejor, son arrastrados en defensa de lo que les afecta y sufre, y utilizados como carne de cañón en una ofensiva a la que el propio régimen le ha estampado un nombre: rebelión.
“Y va a caer, la Asamblea va caer” fue la consigna evidentemente impuesta por los “estrategas” de la propaganda oficial en su laboratorio de guerra sucia, para ser coreada nada menos que por el grupo de niños y adolescentes, escolares y liceístas, que fueron llevados al Palacio de Miraflores el pasado martes, para otro de esos shows con los que Maduro pretende convencer al pueblo de un supuesto protagonismo popular, que no resiste el menor análisis si lo llevamos a un recorrido por los supermercados, farmacias, ventas de repuestos, hospitales, centros educativos a todos los niveles y cárceles del país, entre otras.
Pero la acción golpista no es solo de ahora, y por eso, haciendo uso de la misma expresión que vienen utilizando los voceros del régimen prácticamente a través de los funestos 17 años de desgobierno chave-madurista, la acción contra la Asamblea Legislativa, producto de la toma de conciencia nacional que se viene conformando en todo el país, constituye un “golpe en pleno desarrollo” que comenzó a gestarse desde el propio momento de la elección popular del nuevo cuerpo legislativo, exactamente desde el 6 de diciembre, y de los días subsiguientes.
Dentro de este proceso evidentemente golpista, hay hechos resaltantes que demuestran la intención, además de los coros infantiles mencionados y de lo que todo el país está suficientemente enterado, como son las constantes arengas del Presidente invitando “al pueblo” a salir a la calle, a rebelarse (algo que en Venezuela conocemos como golpe), así como la descarada designación de los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, con gente que comparten su mismo pensamiento político, al extremo de figurar uno que votó por el grupo de magistrados donde él mismo se incluía. Así, mientras el supuesto “defensor del pueblo” se atreve a hablar de un presunto “golpe parlamentario”, resulta harto evidente que es precisamente el TSJ el tanque de guerra con el que cuenta el régimen para tratar de evitar y anular cualquier acción de la Asamblea con la que se trate de imponer el orden institucional del país
Y siguiendo en esa onda, el Presidente y la gente de su entorno, con Diosdado y Jorgito, entre otros a la cabeza, se han dado a la tarea de crear condiciones de saboteo a la gestión de la nueva Asamblea, comenzando por la toma de las adyacencias del parlamento, y en lo interno tratando de evitar el cumplimiento, por parte de sus miembros, de una de las misiones más importantes del legislativo como es la rendición de cuentas sobre la gestión del Ejecutivo.
Por eso podemos afirmar que lo que está ocurriendo con la negativa de los miembros del Poder Ejecutivo de asistir a las convocatorias de la Asamblea, para aclarar las diversas situaciones que en la actualidad afectan el desenvolvimiento del país en sus diversas áreas, entre ellas la espantosa escasez de los productos básicos de subsistencia, como los alimentos y las medicinas; la galopante inflación inducida por el propio gobierno que, mediante la complicidad del Banco Central de Venezuela, lanza a la calle una masa de dinero que distorsiona la realidad monetaria del país; un nivel de corrupción que según estiman asambleístas expertos en materia de control administrativo alcanza una impunidad del 98 por ciento en relación con los casos denunciados, deben ser enfrentadas haciendo uso de los mecanismos que la institucionalidad formal del país, contenida en la Constitución de la República y sus leyes; pues se trata de la decisión expresada por la gran mayoría de los venezolanos el 6D. Y es, por ello, que nuestros verdaderos representantes en el parlamento, están llamados a sacar “tarjeta roja” a cualquier miembro del Ejecutivo que se niegue a rendir cuenta ante este poder auténtico de representatividad popular, y prepararnos para el decisivo paso de extender su merecida carta de despido al propio Presidente. Lamentablemente, repetimos lo dicho en anteriores entregas, NO HAY OTRA.
@JJMorenoA