El acuerdo de Ginebra arribará al 50° aniversario de su suscripción, en el largo, pacífico y también meritorio esfuerzo de reclamación del Territorio Esequibo. Expresando una Política de Estado, hoy ausente, fue difícil la negociación con Gran Bretaña, protagonista del injusto despojo, ya en trance la independencia de Guyana.
El 17 de febrero de 1966, se abrió un camino diferente para un reclamo respaldado por una sólida acreditación histórica y jurídica, gracias a las diligentes actuaciones de quienes invirtieron tiempo y paciencia, comprobadas habilidades y sobrados conocimientos para hallar una fórmula todavía vigente, a pesar de las maniobras del vecino país. Con justicia, solemos recordar a Raúl Leoni, Ignacio Iribarren Borges y demás funcionarios de una competente cancillería, pero también olvidar el enjundioso trabajo de investigación realizado en archivos extranjeros por Hermann González Oropeza (SJ), Pablo Ojer, Harry Siervers y Caracciolo Parra Pérez para garantizar la debida sustentación histórico-documental a una labor de Estado, realizada con la eficacia, destreza y puntualidad que se requería.
Por lo pronto, suscita la atención algunos aspectos importantes que contrastan con un presente anegado por consignas, falacias y anécdotas de lo que se hace llamar gobierno. Por una parte, de acuerdo a la Memoria y Cuenta de la Cancillería, la delegación venezolana reunida en el Palais des Nations, estuvo compuesta – además – por una variada representación de partidos, fueren o no de la coalición gubernamental, como Jaime Lusinchi (AD), Andrés Roncajolo (FND), Simón Antoni Paván (URD), Gonzalo García Bustillos (COPEI), Iván Terán (FDP), Manuel Alfredo Rodríguez (PRN) y Armando Soto Rivera (Independiente). Vale decir, no era un asunto exclusivo, autosuficiente y sectario del gobernante Acción Democrática, circunstancia fácil de comparar con la conducta del actual partido de gobierno.
Por otra, la suscripción del Acuerdo generó un intenso debate en la opinión pública y en el Congreso, donde igualmente surgieron voces de cuestionamiento, sin que ello hubiese significado desmerecimiento alguno. La academia, grupos de interés e individualidades se hacían sentir respecto al mecanismo empleado. Es decir, no hubo censura y bloqueo informativo, menos una Asamblea Nacional dócil y servil que, por estos años, evadió el problema hasta adscribirse ciegamente a la dirección del gobierno.
Finalmente, la pública discusión del diferendo produjo planteamientos e iniciativas que se ventilaban con las frecuentes interpelaciones de los altos funcionarios del gobierno, como en estos años ha ocurrido. Lejos se estaba de la persecución y descrédito que cursa en la nueva centuria, indiferente y receloso el oficialismo de propuestas como la de una Ley de la Fachada Atlántica o la que crea el estado Esequivo (sic), al igual que de organizaciones ciudadanas y voluntarias que defienden apasionadamente el Esequibo. Esto es, hubo rendición oportuna de cuentas, donde ahora hay desprecio y arrogancia, por no decir villanía y entreguismo.
@LuisBarraganJ