Presidente (a) Tribunal Supremo de Justicia.
Su Despacho.
Desenfundo mis balas de tintas que, tendrán alguna fuerza, habida cuenta que, le escribo preso con los riesgos que corro al hacerlo.
Soy amigo del doctor Hermán Escarrá; conservo su amistad por varias razones trascendentes que, no tienen importancia en una carta como esta, y además porque, quizás lo más importante soy consecuente con mis amigos.
De ese áureo principio no me moverán ni la ideologías, ni las olas del mar. Claro está que, el los vaivenes de la política nos acercan o alejan, pero los afectos no.
El propio Libertador define la amistad de la manera más diáfana. A Leandro Palacios le escribe (16 de mayo de 1817) con motivo de enviar un mensaje a sus antiguos compañeros que permanecían dispersos en el extranjero, invitándoles a regresar a la patria.
Le dice Bolivar a Palacios, -distinguida Magistrada-, que él seguía siendo el mismo: “Diles que la amistad tiene en mi corazón un templo y un tribunal, a los cuales consagro mis deberes, mis sentimientos y mis afectos. Por último, diles que la amistad es mi pasión y que, por consiguiente, ellos son los objetos que ocupan mi alma y mis sentidos”.
No fui amigo de Carlos Escarrá, su hermano. No lo conocí.
Sin embargo, no estaría Carlos Escarrá -si viviera- de acuerdo con el hecho de que, la Asamblea Nacional sólo tiene, a entender de algunos, un mero control político sobre el Tribunal Supremo de Justicia. No.
Los Magistrados Luisa Morales Lamuño de Acosta (simpatizante del Presidente Chávez) y Cabrera Romero (también chavista), el 27 de febrero de 2007, dictaron una sentencia (Nº 301) en la Sala Constitucional, para eludir el pago del impuesto sobre la renta, referida al artículo 31 de esa ley, donde solo ellos declaraban su salario base, sin incluir los otros conceptos salariales que formaban parte de su salario integral como bonos millonarios, cuestión que causó ira en la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
La Asamblea Nacional presidida entonces por la doctora Cilia Flores, no se redujo a aceptar sin chistar la sentencia de la Sala Constitucional, y a dar una rueda de prensa quejándose de lo que consideró un abuso de poder del TSJ. No.
Antes bien esa Asamblea Nacional presidida por la doctora Cilia Flores acusó al TSJ (donde la única magistrada de oposición era Blanca Rosa Mármol de León) de usurpar funciones inherentes al Poder Legislativo, la cual mediante un comunicado protestó “semejante exabrupto jurídico-fiscal”.
El doctor Carlos Escarrá, tomó la palabra en tribuna de orador y señaló sin que mediaran sutilezas: “esos Magistrados deberían estar presos en la Cárcel de Uribana”.
Acto seguido se acordó una comisión especial que investigara la presunta usurpación de funciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional. La comisión presidida por Roberto Hernández (PCV) justificó entonces la medida de investigación a los magistrados “a los fines de ratificar la facultad privativa de legislar de la AN y por ende, a la confusión que ha podido generarse y al debate que se ha originado en cuanto a la aplicación de la Carta Magna”.
Distinguida magistrada Gladys Gutierrez, y agradecido de sus atención me permito transcribir el primero de los considerando del acuerdo de esa Asamblea presidida por la doctora Cilia Flores :“Considerando que del contenido de dicha sentencia se observa una decisión que excede las funciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia e invade competencias privativas de la Asamblea Nacional, cuando al interpretar el artículo 31 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, modifica sustancialmente el contenido del mismo, sus alcances y consecuencias jurídicas, aun cuando la nulidad del referido artículo no había sido denunciada y, declarándolo así expresamente en el numeral 2 de la decisión” (Subrayado Nuestro)
Luego de varios considerando más, la Asamblea Legislativa acordó rechazar la sentencia por inconstitucional.
Como si fuera poco, y para forzar la tesis sobre el control de la AN sobre el TSJ, en julio de 2007, el diputado Soto Rojas exclamó “¡Eso es una locura!”, sobre el bono alimentación de 10.000 bolívares que se asignaron entonces los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El caso fue remitido al Consejo Moral Republicano, presidido por la esposa de German Ferrer (diputado del PSUV y presentador de Globovisión), conocida por todos como la abogada Luisa Ortega Díaz.
Jesús -el maestro de todos los tiempos- cuando tuvo que dar una lección pleonástica, que se bastara por si misma sin añadidura le dijo a sus apóstoles : “Por sus hechos los conocerán”, y así, obligó a sustituir la retórica por los hechos.
Gracias por su atención, distinguida magistrada.
Leocenis García.
Preso político por disposición del ciudadano Diosdado Cabello.