El Tribunal Séptimo de Control Militar dictaminó sentencias contra 6 civiles por un hecho fortuito.
El día jueves 11 de Febrero, habitantes de la popular zona El Cercado, Barquisimeto-Venezuela, se encontraban en una kilométrica fila para comprar comida, en la red de mercados públicos PDVAL. Quienes estaban en el lugar, pudieron observar como los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) junto con los miembros de Las Comunas sustraían los alimentos, impidiendo que las personas que estaban haciendo la cola desde tempranas horas, pudieran tener la oportunidad de tener acceso a los alimentos. Prensa VAF
Este hecho fue el detonante para que los habitantes de la mencionada zona reclamasen ante tal injusticia. Las autoridades lejos de solucionar el conflicto a favor de las personas que estaba en la cola, y hacer que tanto los miembros de Las Comunas como la GNB regresaran los alimentos, promovieron un desenlace violador a los DDHH y a las garantías constitucionales, dando como resultado que un tribunal militar juzgara a civiles.
Se trata 5 civiles quienes fueron imputados de cargos militares de ultraje al centinela. Las 5 personas imputadas por ultraje al centinela son Yestzuli González, Enyuris Navarro, Jorge Santeliz, Jesús Navarro y Yamileth Mendoza, quienes fueron puestos en libertad bajo medida de coacción personal de presentación periódica cada 15 días, ante el Tribunal Militar. Por su parte, Oscar Arriechi imputado por los delitos de ultraje al centinela, daño a bien de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sustracción de armamento en calidad de frustración, también delitos del Código Orgánico de Justicia Militar, Arriechi fue trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde.
A todos los imputados, se les violento sus derechos consagrados en el artículo 49 numeral 4º el cual prohíbe el juicio de un civil ante alguna jurisprudencia militar. Violando jurisprudencia nacional e internacional, hecho que fue argumentado por abogados defensores durante el juicio, el cual duro aproximadamente 3 horas. No conforme con dicha violación constitucional, los imputados fueron torturados durante el periodo de retención, lo cual es calificado de tortura, violentando flagrantemente sus derechos humanos. En las imágenes, se puede observar como una de las personas presenta hematomas producidos por la tortura sufrida.
Tratados como Presos Políticos
Pese a que el hecho pudiera considerarse como un evento aislado, el mismo fue politizado por funcionarios, y bajo el “contexto político general” que vive el país, se puede alegar que los imputados fueron tratados como presos políticos, por lo que entran en una clasificación especial de lo que es persecución, motivadas por eventualidades políticas.
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