En días pasados caminando por la avenida Urdaneta me tropecé literalmente hablando, con un viejo amigo que hacía mucho tiempo no veía. Después de los típicos saludos que son propios de estos encuentros, y ya sentados dentro de una panadería de esas típicas del centro de nuestra ciudad capital, derivamos nuestra conversación, sin mayor esfuerzo, a la actual crisis que atraviesa el país. Una crisis permanente, si se quiere, que forma parte de nuestra cotidianidad y con la que convivimos a diario.
¿Qué piensas tú? me preguntó, mientras se llevaba un sorbo de café a los labios, de la terrible confrontación que existe entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo, ¿Hasta dónde o cuando crees que pueda llegar?, ¿Qué ocurriría si Nicolás Maduro utiliza la facultad que le otorga la Constitución de enviar los proyectos de ley a la Sala Constitucional para que ésta determine si los mismos son inconstitucionales de manera parcial o total?, ¿Puede el TSJ declarar todos y cada uno de esos proyectos legislativos que está anunciando la AN, como contrarios al texto constitucional?, ¿Y qué pasaría si en este país no se promulga una nueva ley nunca más, mientras la oposición domine el poder legislativo?, ¿Que tendría que…? En este punto interrumpí a mi amigo, pues me di cuenta que la batería de preguntas que lo atormentaba era interminable y conducía además a un mismo punto, al de un país sin leyes, viviendo en la anarquía. Pedí otro marrón, bien cargado, y me apresté a responderle.
Efectivamente le dije, el enfrentamiento es brutal, atípico y de alguna manera desmesurado. Si se mira bien, es antinatural dentro de un sistema democrático y hasta anticonstitucional en el mejor de los sentidos en que una Constitución, como ley fundamental, garante de las instituciones, puede ser entendida. Si miramos el pasado no tan lejano, de alguno de los gobiernos adecos o copeyanos que no tuvieron mayoría absoluta en el antiguo Congreso Nacional, es decir con la oposición en contra, no recordamos nada parecido. Aunque la oposición ejercía sus potestades a través de las comisiones de investigación, rara vez los funcionarios del gobierno emplazados a su llamado dejaron de presentarse y contribuir con la investigación o información requerida. Igualmente, la oposición introducía los proyectos de ley que consideraba de interés nacional, que una vez sancionados, resultaban promulgados por el Ejecutivo, con todo y que el presidente tenía, dentro de la Constitución del 61, al igual que ahora, la posibilidad de remitir un proyecto legislativo a la Corte Suprema de Justicia si observaba algún aspecto de inconstitucionalidad.
Ciertamente no es lo mismo gobernar con un poder legislativo donde se tiene mayoría para pasar leyes y designar a los miembros de otros poderes y organismos públicos, sin mayores obstáculos; que gobernar con una oposición que pueda impedir u obstruir alguna iniciativa legislativa o plan gubernamental desde su dominio del Congreso o la Asamblea Nacional. Pero de ahí a que se declare una “guerra”, donde el gobierno utilice con su poder político a los otros poderes públicos para arremeter en contra del Poder Legislativo, simplemente porque está en manos de la oposición, hay una gran diferencia, la misma que separa el arte de gobernar y a las democracias de los malos gobiernos y las tiranías.
Con respecto a las otras cuestiones, le continúe diciendo a mi amigo, no es de extrañar que tal como van las cosas, cualquier proyecto de ley cuya iniciativa venga de la oposición, sea enviado al TSJ para que declare su inconstitucionalidad, sin importar en lo más mínimo si tal proceder puede parecer extraño, irregular y, por lo mismo, contrario al espíritu y propósito de la Constitución, ya sea la de 1999 o cualquier otra.
En este orden de ideas, no es difícil adivinar que si los proyectos de ley opositores van a ir prácticamente al cesto de los papeles, los que intente por su parte el gobierno van a acorrer una suerte parecida, pues morirán en el parlamento antes de llegar a las manos del titular del Poder Ejecutivo para que las promulgue.
Pero entonces, observó mi contertulio, se va cerrar el juego legislativo y aquí no va a haber ninguna ley nueva. Luego, los presos políticos continuarán en la cárcel, no se repatriará ningún capital indebido, no se estimulará la producción de alimentos vía legislativa, continuarán existiendo las juntas comunales no obstante ser inconstitucionales y, en definitiva, no se producirá reforma legislativa alguna; hasta la enmienda constitucional, impulsada por la AN puede fallar, por lo que el país continuará igualito sin salir del atolladero en que se encuentra. Salvo, continuó hablando mi amigo, que políticamente se encuentre una salida a la crisis dentro los seis meses que fijó el Presidente de la Asamblea Nacional.
Para cualquier salida política dije, mientras apuraba el fondo de mi taza, se requieren ciertos acuerdos y apoyos políticos, principalmente dentro del chavismo, y la única referencia indirecta en dicho sentido, efectuada por Ramos Allup, hasta ahora, es que existe un movimiento interno dentro del oficialismo para pedirle la renuncia a Maduro. Por lo demás, una enmienda, un revocatorio o incluso una constituyente, lucen como instrumentos legales con muchos obstáculos, difíciles de llevar a la práctica exitosamente, más aún en el tiempo establecido. No tengo tan claro pues, como parece que si lo tiene el Presidente de la AN, que en seis meses o menos se pueda encontrar una solución a la crisis actual.
No se te ha ocurrido, replicó mi compañero de mesa, que tal vez Ramos Allup sepa más de lo que dice y tenga un as bajo la manga. Me quedé pensativo por unos instantes
Finalmente, y con la vaga promesa de continuar estas reflexiones en algún otro momento, mi amigo y yo nos despedimos
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