En días pasados, nos inquietó la consideración que hizo un colega parlamentario sobre el problema esequibano. Cierto, merece de una concepción y – en definitiva – de una Política de Estado, pero inmediatamente la refirió y sintetizó como Razón de Estado.
Varias veces complementarios, sostenemos que la Política y la Razón de Estado constituyen ámbitos diferentes para ésta y otras materias. La una supone una esencial formulación democrática, mientras que la otra remite a una decisión puntual de carácter existencial, incluso, en beneficio de quienes integran y desean sobrevivir en la dirección del Estado.
La creación de la OPEP por iniciativa venezolana, ofrece un buen ejemplo, pues, ampliamente debatida por entonces, en la opinión pública y en la tribuna parlamentaria, fue decidida como una opción estable, trascendente y perfectible, abriéndose paso entre quienes pugnaron por ampliar las concesiones petroleras e inmediatamente nacionalizar la industria. Decisión propia de estadistas, básicamente consensuada, con el acento visionario que ahora extrañamos, la hemos hasta defendido como Razón de Estado, a propósito de las específicas coyunturas planteadas, aunque sentimos que se ha elevado a la jerarquía de un dogma que también peca de poco realismo e, incluso, constitucionalizándola como una fórmula que, nada casual, se ha convertido en bandera de una parcialidad política: esta cosa llamada socialismo, simultáneamente despotrica y rinde tributo involuntario a los que ciertamente definieron una política petrolera para el país.
La Razón de Estado o, mejor que su explicación, la simple invocación e imposición, cuenta con un inconfundible signo antidemocrática que, según el problema concreto al que responde o dice responder, a veces podemos aceptar y, otras, francamente rechazar. Tiene por columna principal el secreto, siendo posible profundizar en su naturaleza e implicaciones, como bien lo ha ilustrado Rafael del Águila en un ya remoto, pero extraordinario ensayo (*).
La definición y desarrollo de una Política de Estado para el Esequibo, tiene hoy en la Asamblea Nacional su mejor escenario, porque – domicilio principal del debate – exige precisamente las razones o los motivos para diseñarla e implementarla, como jamás ocurrió en el pasado quinquenio legislativo. Empero, he acá el reparo, reconocidos los aspectos más delicados que no deben ventilarse abiertamente, al igual que la necesidad de concertarla, tampoco autoriza – deslizándose hacia la Razón de Estado – la conformación de una suerte de camarilla iluminada, excluyente y sectaria que no oiga a las minorías y a las mayorías electoralmente conformadas.
(*) La recomendamos ampliamente: “La senda del mal. Política y razón de Estado”, Taurus, Madrid, 2000. Para una reseña crítica, puede verse “El retorno de la política” de Julián Sauquillo, en: Claves de Razón Práctica, Madrid, nr. 109 de 2001.
@LuisBarraganJ