Aunque el oficial Javier Mora fue quien accionó el arma contra el joven Kluiberth Roa, en una querella interpuesta por abogados de la familia de la víctima se considera que otros 11 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana también participaron, de alguna manera, en la comisión de ese delito que estremeció al país hace un año exacto. Así lo reseña lanacionweb.com
“No se ha terminado de hacer justicia. La Fiscalía trabajó adecuadamente en el caso de Javier Mora, pero queremos que el trabajo se haga completo”, observó el penalista Omar Silva, uno de los abogados de la causa. “Otros funcionarios pudieran estar incursos en delitos, de acuerdo con las conductas observadas en el expediente y su participación en los hechos”.
Se trata del uniformado que, con su moto, se interpuso en el camino del joven y le frustró la posibilidad de que se resguardara. O del conductor de la moto que trasladó a Mora al sitio quien, según testigos, le gritó “¡quémalo, quémalo!” al homicida, ejemplificó la también penalista Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal Venezolano en Táchira.
Se trata, igualmente, de los demás agentes de esa comisión policial que, al estar en presencia de un hecho delictivo, debieron detener en el sitio al perpetrador y luego pedir auxilio para el herido. “Pero, al contrario, se querían llevar el cuerpo y, como la comunidad lo impidió, emprendieron la huída”, recordó Sánchez.
Los modos de participación incluyen una variación de presuntos delitos que van desde cooperación inmediata y complicidad necesaria, hasta omisión de socorro y encubrimiento, pasando por quebrantamiento de pactos y convenios internacionales así como uso indebido de arma de fuego, en una cuadra (carrera 15 entre calles 12 y 13) donde no había protesta.
De la querella, que fue interpuesta el 14 de octubre de 2015, esperan pronunciamiento del tribunal para los próximos días. Silva explicó que procesalmente debe ser admitida y remitida a Fiscalía, para la asignación de un fiscal que conozca del caso.
El expediente del caso, una pesada carpeta de más de 3.000 folios, ya contiene pruebas técnicas de envergadura (desde planimetrías testimoniales hasta pruebas de ADN) que podrán formar parte de esta nueva investigación. Los policías, todos o algunos de los 11, pudieran o no ser acusados, según lo considere la justicia.
Recuento del hecho
Una manifestación estudiantil estaba terminando en la Universidad Católica del Táchira. El alumno del octavo grado en el Agustín Codazzi salió de clase e iba a casa de un tío a almorzar. Videos muestran que se detuvo, como simple espectador, en una esquina.
Una veintena de funcionarios de la PNB llegó como refuerzo a “terminar la protesta”. “No se fueron a donde estaba el foco, que era las afueras de la UCAT, sino que se dispersaron en la zona y empezaron reprimir a los vecinos”, refirió Sánchez, con base en los testimonios.
El liceísta ayudó a levantar y limpiarle la sangre a una joven vecina, herida de perdigón en el rostro. Ella ingresó a una casa y, al verse solo, él buscó resguardarse, declararon testigos. Eran aproximadamente las 11:45 am del 24 de febrero de 2015.
“Se me salió un disparo y sucedió lo que sucedió”, dijo el oficial Javier Mora en la audiencia de presentación. Pero después, en la audiencia preliminar, como recordó la abogada Sánchez, no se defendió sino que admitió los hechos, esto es, que validó lo dicho por los testigos en la Fiscalía. Condenado a 18 años de prisión, cumple la pena en la cárcel de Coro.
Cuatro versiones desmentidas
Los abogados, con base en lo sustanciado en el expediente, desmontan cuatro afirmaciones que surgieron tras el asesinato:
1. No hubo ningún “forcejeo” entre el joven y policías, como la tarde del 24 de febrero aseguraron autoridades militares. El mismo Javier Mora desmintió esto en la audiencia preliminar.
2. Es falso que una unidad de Protección Civil trasladó al joven al hospital. Vecinos bajaron corriendo a un servicio privado a pedir una ambulancia y un funcionario de PC Cárdenas que no estaba en servicio lo auxilió.
3. En la relación de llamadas adjunta a las minutas no consta que esa comisión de la PNB se hubiese comunicado con el 171 a informar que había un herido y pedir auxilio, algo que debieron hacer los funcionarios.
4. Al joven nunca le dieron la voz de alto. Mora le disparó a sus espaldas, mientras él imploraba que no lo mataran.
Cinco errores de ese 24 de febrero
En la historia del hecho también se advierten procedimientos y actuaciones no cónsonas con el deber ser policial:
1. Había un parque de armas de la PNB, no autorizado y con inobservancia de las normas, dentro de una sede deportiva de Pueblo Nuevo, distinta a la sede oficial de ese cuerpo.
2. No está permitido el uso de escopetas con postas de material de goma vulcanizada para el control de manifestaciones. Mora debió tener perdigones de plástico. ¿Quién suministró a esa comisión policial postas para el control de esa manifestación en vez de perdigones de goma?
3. Los manuales indican que el máximo acercamiento del policía con su objetivo, al momento de disparar perdigones, debe ser de 15 metros. Mora lo hizo a próximo contacto, o corta distancia, lo que generó una herida de 7 centímetros de diámetro en la parte trasera de la cabeza de la víctima.
4. La comisión policial que bajó de Residencia de Gobernadores a la carrera 15 llegó accionando sus armas. No había motivo suficiente para que Mora se bajara de la moto y le hiciera cacería al joven, quien solamente quería resguardarse.
5. Mora y otros oficiales querían llevarse el cuerpo del joven “porque era evidencia”.