El gobierno boliviano denunció el miércoles que circuló en Internet una amenaza de muerte contra el presidente Evo Morales, como parte de una “conspiración”, en medio de una fuerte polémica que afecta al gobernante y a su expareja, presa por una investigación de enriquecimiento ilícito.
AFP
“En las últimas horas ha circulado una amenaza de muerte contra el presidente Evo Morales, precedida de un conjunto de adjetivaciones y acusaciones”, señaló en conferencia de prensa el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero.
Acotó que se identificó al ciudadano boliviano Manuel Terrazas, como responsable del mensaje en Facebook, mencionando que él sospechoso expresó su apoyo a una exdirigente de un sindicato de esposas de policías, detenida el martes por insultar al gobernante.
Romero, encargado de la seguridad interna, mencionó también que hay “mensajes calumniosos e indignos en contra del presidente Evo Morales, como parte de una estrategia de conspiración política que se viene desplegando en el último tiempo, particularmente dirigido contra el presidente”.
Explicó que se está entregando toda la información a la justicia para que investigue.
Por su parte, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, señaló que se detectaron en los últimos días el vuelo de drones en torno a la casa del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García.
Los que operaban el dron sobre la residencia presidencial fueron detenidos, aunque no se encontró más elementos incriminatorios, por lo que fueron liberados.
El propio Morales y su ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, lanzaron en la víspera la hipótesis de “golpe blando” o “golpe suave”, en medio de un fuerte crisis de imagen del mandatario, por las denuncias relacionadas a su expareja Zapata, con la que tuvo un hijo hace unos 8 o 9 años. El gobierno asegura que el menor esta muerto, pero la familia de la madre dice que el niño está vivo.
Zapata, de 28 años y detenida desde la semana pasada por los cargos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, era gerente comercial de la empresa china CAMC, que se adjudicó del gobierno de Morales contratos por unos 560 millones de dólares y la oposición habla de tráfico de influencias.