El gobierno estadounidense dice que un “furioso perro guardián” le está impidiendo investigar un crimen. Apple dice que es algo crucial para proteger a sus productos de los hackers. AP
Se trata de la encriptación de un iPhone que el gobierno trata de abrir para averiguar detalles del ataque terrorista ocurrido en diciembre en San Bernardino, California.
Debido a que el debate sobre la encriptación quedó estancado a nivel judicial, las agencias de seguridad y la gigantesca empresa de computación, la segunda mayor productora de teléfonos celulares del mundo, acuden ahora al Congreso para dirimir la disputa.
“Le estamos pidiendo a Apple que saquen de allí a ese furioso perro guardián y que nos deje abrir la cerradura”, declaró el director del FBI James Comey ante una comisión legislativa el martes.
Pero Bruce Sewell, abogado de Apple, respondió que “el FBI está pidiendo a Apple que debilite la seguridad de sus productos”.
Una audiencia el martes trasladó la atención de los tribunales hacia el Congreso, donde, coinciden ambas partes, debe desarrollarse el debate más amplio sobre privacidad versus seguridad.
Es además un foro extraordinario donde el gobierno y Apple Inc. seguramente trazarán prioridades divergentes que podrían tener importantes consecuencias. La resistencia de Apple a dejar que el gobierno sobrepase sus medidas de seguridad ha llevado el debate del mundo de la tecnología a la población general.
Las enfáticas posiciones trazadas el martes dejaron en claro las profundas discrepancias entre el sector tecnológico y el gobierno, aun cuando las autoridades abogan por una solución a base del diálogo.
“¿Acaso es lo correcto hacer que la sociedad sea menos segura a fin de resolver un crimen?”, preguntó Sewell. “Ese es el tema que estamos debatiendo”.
El lunes, un juez federal en Brooklyn determinó que el gobierno no puede obligar a Apple a darle acceso a un teléfono en un caso de narcotráfico. El juez James Orenstein dijo que los abogados del Departamento de Justicia estaban usando una ley antigua “para obtener resultados absurdos”.
Pero dos semanas atrás, otro juez en California, Sheri Pym, ordenó a la compañía a ayudar al FBI a abrir un iPhone usado por uno de los atacantes en el ataque de diciembre en San Bernardino, en que murieron 14 personas. Los abogados de Apple, en documentos presentados ante la corte el martes, formalmente objetaron la orden de Pym, un paso burocrático que sirve para preparar una apelación.
Ante esas dos versiones, el Congreso tiene que debatir el tema más amplio de qué es lo más importante, la privacidad de los usuarios o la seguridad colectiva, dijo el jefe del FBI.