El 21 de agosto de 2015 el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, decretó el cierre de la frontera con Colombia, ordenando, a su vez, que miles de colombianos fueran deportados desde allá. La intención de Maduro ––eso decía, al menos–– era acabar con “los mil demonios” que llegaban a Venezuela desde Colombia, refiriéndose a grupos paramilitares y contrabandistas.
Por el contrario, como vimos en muchos de los testimonios que la prensa recopiló, la mayoría de los deportados eran víctimas de la violencia colombiana: personas que se habían fugado de aquí para allá.
Según cifras de la Cancillería colombiana, el total de daminificados ––registrados a partir del 8 de septiembre del año pasado–– alcanzó un total de 17.027 personas.
El país quedó conmovido. El gobierno, por su parte, comprometido a darles un subsidio de arrendamiento de 250.000 mil pesos durante tres meses, mientras iban siendo reubicados en sus ciudades de origen.
Algunos fueron hospedados en hoteles, otros en carpas que hicieron las veces de albergues temporales. Diecisiete entidades del Estado se apersonaron del tema. Para enero de este año, ya se había solucionado la situación de la mayoría, y las ayudas fueron suspendidas. Pero no todos lo lograron.
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