El jueves pasado, La Patilla divulgó la información sobre la intercepción, por parte de una fragata de la Marina de Holanda y de la Guardia Costera del Caribe con base en Curazao, de 600 kilos de cocaína en dos barcos pesqueros venezolanos, que navegaban al norte de las costas de Venezuela.
No es la primera vez que ocurren operativos de esta naturaleza, derivados de la cooperación entre países ante el grave problema global de las drogas. Lo extraño en este caso, es que el hecho se registró el 5 de marzo, cinco días antes de revelarse la noticia, conocida originalmente a través de Naval Today.
En Venezuela, no hubo información de los organismos oficiales antidrogas, ni siquiera de la Armada Nacional Bolivariana, aunque las embarcaciones que transportaban las drogas y su tripulación fueron entregadas a la Guardia Costera Venezolana. Solo después que La Patilla difundió el decomiso, el Ministerio Público informó sobre la medida de privación de libertad contra los 18 tripulantes de las dos embarcaciones, pero resaltó que fueron avistados por guardacostas estadounidenses.
Sobre la política antidrogas del gobierno, hay muchos hechos preocupantes que se están encubriendo, que apuntan hacia la inexistencia de una política integral, para la cual es imprescindible la cooperación internacional. Lo que sobra es la exaltación propagandística de las “políticas propias”, cuyos desastrosos resultados están a la vista.
Durante los últimos años, especialmente desde 2005, cuando el gobierno de Venezuela rompió todo nexo con la agencia anidrogas de EEUU -DEA-, el incremento de las incautaciones de drogas ha sido altamente ponderado por los mandatos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, interpretándolo como evidencia de un mayor control sobre el tráfico de estupefacientes Sin embargo, expertos en la materia calculan que anualmente transitan por el territorio nacional 200 toneladas de drogas. De acuerdo a esta valoración, si en 2015 se incautaron 80 toneladas, 120t pasaron ocultas o por encubrimientos de los efectivos militares y funcionarios encargados de descubrir las madrigueras de los traficantes.
Hay casos que otorgan credibilidad a estas estimaciones: La avioneta que despegó el 12 de agosto de 2012, de Valencia con 1.400 kilos de cocaína rumbo a las Islas Canarias. Los 1.382 kilos de cocaína en 31 maletas que salieron en un vuelo de Air France procedente del aeropuerto de Maiquetía e incautados en París. Recientemente, el venezolano condenado a 30 años en República Dominicana por traficar 800 kilos de cocaína. En ese mismo país, el año pasado detuvieron a cinco venezolanos con 450 paquetes de cocaína, trasladados en un avión desde nuestro país.
Son muchos más, pero tampoco la Cancillería revela cuántos venezolanos están detenidos en el exterior por tráfico de drogas desde Venezuela. A pesar de la restricción de la información, los informes anuales de las Naciones Unidas confirman que Venezuela es considerada un país de tránsito de drogas, hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos, África y Europa.
Otra situación es la participación de militares en el tráfico de drogas, como ocurrió con un mayor del Ejército, detenido recientemente, junto a seis civiles, con 503 kilos de cocaína, y un primer teniente del Ejército, con 500 panelas de marihuana y 10 de cocaína. Aunque ambos fueron degradados por el presidente Maduro, causa alarma la otra degradación, por la vía de la corrupción, en la institución militar venezolana.
Finalmente, es impresionante la actuación represiva de las policías y la Guardia Nacional Bolivariana contra consumidores de los sectores pobres, donde se inicia el inicuo camino de la reclusión en lugares que no corresponden con su condición de enfermos. Las estadísticas oficiales no revelan la cantidad de detenidos por posesión de drogas que son judicializados y hasta condenados, lo que constituye una violación de la Ley de Drogas, que en el artículo 141, establece que se debe poner a disposición del Ministerio Público a quienes sean encontrados consumiendo estupefacientes o sustancias psicotrópicas, a fin de que éste pida a los órganos competentes la práctica de experticias, y solicite a los tribunales de control la libertad del consumidor.
Anteriormente, para hacer más expedito ese procedimiento, se establecía la creación de las Casas Intermedias, a donde se dirigía el consumidor, para ser tratado por expertos, psicólogos, médicos psiquiatras, entre otros, mientras se realizaban los análisis correspondientes. Sin embargo, la situación ahora es distinta. A pesar de que se cuenta con mayores recursos para abordar el problema, muchos son los consumidores, cuyo destino no es precisamente la recuperación de su salud y reinserción social.
No se justifica la desaparición de las Casas Intermedias, dados los ingentes recursos que recibe el Fondo Nacional Antidrogas (FONA), órgano financiero de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA), de empresas públicas y privadas que destinan el 1% de su utilidad anual, y las empresas fabricantes de bebidas alcohólicas, tabacaleras y otras que aportan el 2% de su ganancia. Sin duda, hay fondos suficientes para una mejor política de prevención integral social del tráfico y consumo de drogas y para crear nuevos centros de tratamiento que evite mezclar enfermos con delincuentes, con las graves consecuencias que ello conlleva. Las cárceles venezolanas están llenas de consumidores pobres mientras los grandes traficantes o nunca llegan a ellas o son liberados de manera expedita o se convierten en pranes, dueños y señores del sistema penitenciario venezolano y ya inclusive de vastas zonas del país.