El movimiento global se pronunció por la masacre de mineros cometida en Tumeremo, estado Bolívar y expresa que a pesar del hallazgo de 17 cadáveres de mineros y mineras informales, siguen sin conocerse el paradero de al menos otras cuatro personas.
Asimismo, resalta que varios periodistas han denunciado haber sufrido trabas al ejercicio de su trabajo al contactar con testigos y familiares de las víctimas, así como acoso por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
A continuación, el comunicado.
Determinar el paradero de mineros y mineras desaparecidas
Las autoridades han encontrado los cadáveres de 17 mineros y mineras informales cuya desaparición se había denunciado. Sin embargo, sigue sin conocerse el paradero de al menos otras cuatro personas.
El 15 de marzo, la fiscal general de la República anunció que las autoridades habían hallado los cadáveres de 17 de las 21 personas —todas ellas dedicadas a la extracción informal de oro— que, según creían, habían desaparecido el 4 de marzo en la población de Tumeremo, en el estado suroriental de Bolívar. Según informaciones publicadas en la prensa, familiares de las víctimas han afirmado que el número de personas desaparecidas asciende a 28.
La fiscal general también anunció que se había solicitado la detención en espera de juicio de dos personas que presuntamente perpetraron el ataque.
Según sus declaraciones a la prensa, los familiares creen que sus seres queridos fueron atacados por una banda que quería hacerse con el control de la mina de Atenas, donde se ha descubierto recientemente un gran yacimiento de oro. Los sobrevivientes dijeron a la prensa que los atacantes dispararon a los 28 mineros y mineras desaparecidos, descuartizaron los cadáveres de las víctimas mortales y obligaron a quienes seguían con vida a cargar los cuerpos en un camión. Los sobrevivientes afirmaron que recibieron amenazas de muerte para hacerles guardar silencio. Asimismo, denunciaron que los atacantes eran miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).Desde el 10 de marzo, fecha en que las fuerzas armadas ocuparon Tumeremo, varios periodistas han denunciado haber sufrido trabas al ejercicio de su trabajo al contactar con testigos y familiares de las víctimas, así como acoso por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las informaciones publicadas en la prensa indican que las denuncias de familiares por la desaparición de mineros y mineras llevan tiempo siendo frecuentes en el estado de Bolívar, y que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han sido acusados de no investigar estos casos.
Información complementaria
Según estimaciones oficiales, el estado de Bolívar cuenta con las segundas reservas de oro más grandes del mundo. En la región abundan también el coltán, la bauxita y el aluminio, entre otros minerales. Sin embargo, la mayor parte de la actividad minera no está regularizada.
Durante el último decenio, el gobierno ha propuesto diversos planes para combatir la minería ilegal. En 2014, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, al crear la Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Mineral Lícita en la Región, reconoció que la regularización de la zona era una deuda pendiente, y en enero de 2016 el Ministerio de Petróleo y Minería anunció que garantizaría que las fuerzas armadas estaban bien equipadas para implementar los planes de lucha contra la irregularidad. Sin embargo, la minería ilegal, el aumento de las bandas armadas y la presunta complicidad de las fuerzas armadas en la minería irregular y la extorsión en la zona siguen siendo motivo de honda preocupación.
En 2012, diez miembros de las fuerzas armadas fueron condenados a penas de hasta cinco años de prisión por el homicidio de seis mineros en una zona conocida como La Paragua.
Según el alcalde del municipio de El Callao, uno de los 11 que componen el estado de Bolívar, en 2015 hubo 90 asesinatos, la mayoría relacionados con la actividad minera.