El tiempo pasa. El hacinamiento se agudiza y la construcción de la Comunidad Penitenciaria de Carabobo está paralizada. No existe otra razón que justifique: no hay presupuesto.
Por: Heberlizeth González/El Carabobeño
La obra se inició en 2007 y estaría lista en 2011. En innumerables oportunidades se ha postergado la inauguración. La construcción arrancó durante el mandato del presidente Hugo Chávez, quien falleció -posiblemente- con ganas de ver terminado el nuevo penal carabobeño.Cinco años después de la fecha pautada para su inauguración, la Comunidad Penitenciaria está en obra gris. Desde diciembre los trabajos están paralizados, supuestamente, porque el Ministerio de Asuntos Penitenciarios no ha otorgado los recursos.
La última fecha de inauguración que publicó el ministerio era para finales de mayo de 2015. Han transcurrido diez meses desde entonces y la construcción sigue “cruda” y peor: paralizada.De acuerdo a información del ministerio, en octubre de 2014 la obra tenía el 90% de avance. Se contradice al decir que en marzo siguiente, cinco meses después, registraba un avance del 75%.
La Comunidad Penitenciaria de Carabobo tendrá capacidad para mil 450 privados de libertad. Servirá para descongestionar otros centros carcelarios del país. Solo en Tocuyito hay más de 4 mil. ¿Dónde albergarán el resto? Cada celda está diseñada para un reo. Mide 2 por 3, aproximadamente. Con una cama y una poceta de concreto. La luz natural entra por una pequeña ventana en la parte alta de la pared.
Un ejemplo de eficacia: la construcción del Complejo Penitenciario de Carabobo, se conoce como penal de Tocuyito. Fue construido desde 1959 a 1963. La obra duró cuatro años, durante el mandato del presidente Rómulo Betancourt.
El Terreno Y Presupuesto
La construcción en 2007 empezó con mal pie. Aunque se trataba de una obra ejecutada por el Gobierno nacional, a través del Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias (Fonep) dirigido por Adrilú Álvarez, el ministerio debía solicitar un permiso a la Alcaldía de Libertador. El terreno también fue tomado arbitrariamente. Fue una decisión unilateral. Sin permiso, comentó Argenis Loreto, quien para ese entonces era alcalde de Libertador.
La obra se inició durante su segundo mandato y propuso que la nueva edificación de la Comunidad Penitenciaria fuese en la ribera de Pao-Cachinche y sirviera para albergar reos de Carabobo y Cojedes. Otro de los proyectos de Loreto era remodelar la sede del Internado Judicial y convertirla en una universidad u otra institución educativa. En manos de la contratista Segema estaba el arranque de los trabajos. Se iniciaron, según un contrato sin número, el 12 de agosto de 2007. Finalizó el 31 de diciembre de ese mismo año con el 100% de la construcción proyectada.
Para el 21 de enero siguiente firmaron otro convenio que culminó el 27 de noviembre. Aparentemente esa sería la última contratación. Al menos así lo refiere el Registro Nacional de Contratistas (RNC).En 2009 se registró una de las primeras manifestaciones de los trabajadores del nuevo penal porque el Fonep debía 57 millones de bolívares en valuaciones a Segema.
Hubo despidos y hasta retiro de maquinaria por algunos meses, precisa InfoContrucción. La misma rendición de cuentas, pero de 2010, desnuda que el fondo solo destinó 1,9 millones (4,2% del total del presupuesto) para las comunidades penitenciarias de Carabobo y Lara. Un crédito extraordinario aprobado en septiembre de ese año les inyectó 200 millones de bolívares más.
A la de Tocuyito le correspondió poco más de la mitad. Con esto se pagó la vieja deuda de 57 millones, actualizó luego la Memoria y Cuenta del Min-Interior. En octubre de 2011 el presidente Chávez aprobó otros 213 millones de bolívares para culminar ambos proyectos. En julio de 2013 y en septiembre de 2014 los más de 800 empleados protestaron para exigir -entretanto- reivindicaciones salariales y el ingreso de más obreros. Para ese momento declararon que entre las empresas contratistas estarían: Oticeca, Conrada y Uda.
El Carabobeño hizo una investigación sobre estas empresas y ninguna, de acuerdo a la RNC, ha firmado convenio con el Fonep. Se trató de hacer contracto con los encargados y a las oficinas de cada uno pero los números están desconectados. Nadie dio respuesta oficial sobre los supuestos contratos. “Les dieron un chorro de dinero”.
Aparentemente los recursos no han sido el problema en el retraso de la obra. Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a La Libertad, lo explica en una palabra: negligencia.
El proyecto inicial forma parte de la humanización penitenciaria, que culminaría en cuatro años. Según Nieto Palma, al entonces ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, habría recibido los recursos necesarios para terminar la obra por completo.