Para modificar la incuria del oficialismo se combinaron varios factores: la persistencia de la protesta popular, la denuncia de los diputados Américo De Grazia y Andrés Velásquez, y la presencia en Tumeremo de los valientes periodistas de diversos medios de comunicación, quienes registraron testimonios a través de entrevistas a familiares y amigos de los desaparecidos. Las contundentes declaraciones y la firmeza de la población obligaron al oficialismo a girar su postura. De la represión abierta y brutal de la Guardia Nacional Bolivariana y la militarización de la zona, pasó a considerar la posibilidad de que, en efecto, se hubiese producido la desaparición forzada de los mineros, debido a que en el área operan bandas delictivas asociadas con la extracción y comercialización del oro, hecho que se conoce desde hace décadas, cuando los garimpeiros se apropiaron del terreno. Apareció el nombre de “El Topo”, pran que domina la región, aunque no de forma exclusiva, como eventual responsable de la matanza.
Acorralados por la presión ejercida desde distintos flancos, incluida la Asamblea Nacional que designó una comisión presidida por De Grazia para investigar los hechos, y por la solidez de los testimonios, el régimen se vio obligado a abocarse al examen de lo sucedido. Aparecieron la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo. Alguien debe de haberle dicho a Rangel Gómez que se callara y no siguiera metiendo la pata, ni dejando en ridículo a un gobierno que no puede darle ni agua ni luz al estado Bolívar, donde circulan el Orinoco y el Caroní, los dos ríos más caudalosos del país, y se encuentra el Guri.
Se cumplieron los lúgubres vaticinios de familiares y amigos: los cadáveres aparecieron en una fosa común. Maduro, siempre extraviado y elusivo, con su eterno afán de buscar culpables donde no se hallan, acusa sin ninguna prueba que lo apoye a grupos paramilitares vinculados con la oposición. Todo el mundo sabe que bandas apertrechadas con armas de guerra depredan el ambiente y operan libremente por esos territorios desde hace décadas. La GNB se hace la desentendida, cuando no la socia directa y activa de los irregulares.
La desidia, insensibilidad y corrupción de los rojos han quedado de nuevo al descubierto. Todo episodio que se sale de la rutina cotidiana los toma de sorpresa. Son incapaces de anticiparse a los acontecimientos a pesar de poseer la información que les permite ser precavidos. Los únicos recursos a los cuales apelan son la acusación a priori de la oposición, el chantaje y la amenaza. A los familiares de las víctimas les prohibieron reunirse con los parlamentarios de la bancada democrática y con los periodistas. En un contexto tan inseguro como el que prevalece en Tumeremo, los fiscales que iniciaron el estudio del caso revelaron la identidad de uno de los sobrevivientes de la masacre. ¡Difícil mayor signo de estupidez!
La cortina de humo que el Gobierno tendió alrededor de la escabechina no le sirvió para ocultar la brutalidad de los hechos, ni el desamparo en el que se encuentran el territorio y la ciudadanía en el sureste de Venezuela. La GNB se esmera cuando reprime a los estudiantes o al pueblo desarmado, pero se extingue (o se alía con los delincuentes) cuando debe proteger el habitad y la gente.
En esta oportunidad las pruebas de la carnicería fueron mostradas gracias al coraje de la gente de Tumeremo y del resto de los factores que le impidieron al Gobierno escamotear la verdad. Ahora la lucha habrá que concentrarla en la búsqueda de los culpables.