Los resultados del 6D rechazaron la gestión de Nicolás Maduro y manifestaron el deseo mayoritario de sustituir al modelo totalitario en curso. La respuesta del gobierno ha sido la profundización de las políticas que han causado la quiebra económica del país, los conflictos sociales, la vulneración de los derechos constitucionales y la más espantosa corrupción en nuestra historia republicana. En la medida en que el oficialismo pierde apoyo popular centraliza más el poder, se refugia en las instituciones que aun mantiene secuestradas y en el respaldo de los mandos militares, para de esa manera perseguir a la disidencia y restringir los escasos espacios democráticos.
La política de cercenamiento progresivo del Estado de Derecho se manifiesta en la arbitraria intromisión del Tribunal Supremo de Justicia sobre las elecciones parlamentarias de Amazonas. Esta medida marcó el inicio de una ofensiva en contra de la nueva Asamblea, en contra de la soberanía popular ejercida a través del sufragio, e incluso en contra del sumiso CNE que reconoció y proclamó a los diputados electos en esos comicios. Así se estableció la supremacía del TSJ sobre el Poder Legislativo con el fin de impedir que la oposición ejerza la mayoría de dos tercios otorgada por el voto popular.
Tan evidente e indefendible ha sido el atropello cometido por la Sala Electoral, que la Consultoría Jurídica del organismo presidido por la incondicional oficialista Tibisay Lucena, ha tenido que ratificar la legalidad de esas votaciones, e invocar (de acuerdo con sentencia del propio Tribunal Supremo del 14/7/2005) “la conservación del acto electoral”. En otras palabras, no puede suspenderse la representación emanada del voto popular y proclamada por el organismo electoral competente, basándose en denuncias que no han sido probadas de manera firme y definitiva.
Continuando su tarea demoledora del orden jurídico, el Tribunal Supremo declara “irrevocablemente incólume” el Decreto de Emergencia Económica que fue negado por la Asamblea Nacional, violando así el artículo 339 de la Carta Magna que consagra al parlamento como el órgano encargado de aprobar o improbar las emergencias decretadas por el Ejecutivo, y violando igualmente el artículo 34 de la Ley Orgánica de Estados de Emergencia cuyo texto establece de manera inequívoca que “el Tribunal Supremo de Justicia omitirá todo pronunciamiento si la Asamblea Nacional o la Comisión Delegada desaprobare el Decreto de Estado de Excepción o denegare su prórroga, declarando extinguida su instancia”. Y finalmente la sentencia de la Sala Constitucional que cercena prácticamente todas las facultades contraloras de la Asamblea, es otra de las decisiones que conducen al cierre de las vías democráticas para dar forma definitiva a un régimen dictatorial.
La estrategia de acorralamiento al Poder Legislativo viene acompañada con discursos amenazantes del Presidente, de ministros y dirigentes del PSUV, y con la actitud violenta protagonizada por grupos oficialistas que agreden físicamente a los parlamentarios de oposición y logran interrumpir violentamente el 26 de febrero la discusión del Proyecto de Ley de Producción Nacional, siendo esa misma tarde felicitados por el Presidente de la República, quien en cadena nacional calificó el saboteo como un triunfo popular sobre el parlamento burgués.
Mientras el gobierno intenta consolidar su control totalitario, la oposición responde apelando a los espacios legales consagrados en la Constitución. Sin embargo, a pesar del grave momento que vive el país, los dirigentes de la Unidad no encontraron una respuesta común para enfrentar el reto que tienen planteado. Y ante la imposibilidad de acordar una sola política decidieron poner en marcha todas las propuestas que los distintos grupos han asumido como banderas parciales.
Enmienda, revocatorio, asamblea constituyente y renuncia, son fórmulas planteadas por los distintos partidos que integran la MUD. Todas ellas buscan la sustitución de Maduro y la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales. Y todas tienen ante sí difíciles obstáculos colocados por el distorsionador aparataje institucional convertido en trinchera del chavismo.
La propuesta de enmienda cuenta para su aprobación con la mayoría parlamentaria de acuerdo con el artículo 341 constitucional. Si todo fuera color de rosa, también de acuerdo con ese mismo artículo, el organismo electoral a los treinta días de recibido formalmente el proyecto debería someterlo a la consulta popular. Dice además la Constitución en su artículo 346 que el Presidente de la República estará obligado a promulgar la enmienda dentro de los 10 días siguientes a su aprobación. Sucede sin embargo, que tratándose de un cambio en la Carta Magna con el fin de recortar el actual período gubernamental, la Sala Constitucional actuará seguramente como celoso guardián del régimen sentenciando la inconstitucionalidad de tal iniciativa.
El referéndum revocatorio, establecido en el artículo 72 de la Constitución, señala que un 20 por ciento de inscritos en el REP, podrá impulsar la revocación del mandato de funcionarios públicos electos popularmente. Y establece que con un mínimo del 25 por ciento de votantes, los resultados del proceso comicial serán válidos, ocurriendo la sustitución solicitada si el número de votos en contra del mandatario cuestionado es mayor al que obtuvo a su favor en el momento de su elección. A esas condiciones, el Tribunal Supremo en sentencias dictadas en octubre y en diciembre de 2003, adicionó otra según la cual, no sólo una mayoría de votos superior a las que le llevó al cargo es suficiente para revocar al funcionario. Además es necesario que el número de sufragios a favor de la revocación sea superior a la de quienes la votaron negativamente. Así dice el TSJ en la sentencia 2750/2003: “…en ese proceso democrático de mayorías, incluso si en el referéndum obtuviese más votos la opción de su permanencia, debería seguir en él, aunque voten en su contra el número de personas para revocarle el mandato”. *
Con el fin de garantizar la transparencia en la aplicación del mecanismo refrendario, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el Proyecto de Ley Orgánica de Referendos. Se trata de llenar el vacío legal dejado por la anterior Asamblea Nacional oficialista, que le permitió al TSJ entregar al CNE la facultad de redactar normas favorables a los intereses continuistas del gobierno.
El proyecto impulsado por Primero Justicia precisa los pasos a darse en los sufragios relacionados con reformas y enmiendas constitucionales, revocatorio de mandatos y Asamblea Constituyente. Regula además los referendos abrogatorios, aprobatorios de leyes, y consultivos, y deroga los reglamentos del CNE dictados en ausencia de la legislación respectiva.
Para los revocatorios nacionales el instrumento legislativo propuesto establece que durante 8 días continuos a partir de la fecha de inicio de recolección de adhesiones, deben acudir personalmente a firmar, mostrar su cédula de identidad y colocar su huella digital, en centros de registros biométricos que el CNE instalará en todo el país, un número de ciudadanos no menor al 20 por ciento del último Registro Electoral. La cantidad de estos centros no podrá ser inferior a 2 mil, y para su ubicación se escuchará la opinión de los promotores de la iniciativa refrendaria. Por lo tanto, la oposición debe contar en los 8 días continuos que establece el Proyecto de Ley con cerca de 4 millones de ciudadanos que repartidos en esos 2 mil centros equivaldrían a un mínimo de 2 mil personas a firmar en cada uno de ellos. Tarea ciertamente posible si tomamos en cuenta la capacidad de movilización de la maquinaria de la Unidad y el entusiasmo que produce en la colectividad lograr la salida de Maduro y su gobierno.
Otro aspecto a considerar es que la recolección de adhesiones se realiza en los centros oficiales del CNE, respaldadas con las firmas y las impresiones digitales respectivas y con la presencia de testigos acreditados que levantarían las actas del proceso. Este procedimiento impide el argumento de las firmas planas y obliga al reconocimiento oficial de los resultados finales
De acuerdo con lo establecido en la Constitución, la opción revocatoria tendrá que conseguir una aprobación superior a los 7.505.3038 sufragios que obtuvo Nicolás Maduro en su elección presidencial. Y si recordamos que en las parlamentarias de diciembre por la oposición votaron 7.726.066 personas, no es difícil concluir que de realizarse el revocatorio en circunstancias aceptables y en los plazos normales, ésta sería una opción válida, práctica y posible para lograr pacíficamente el cambio de gobierno.
La Asamblea Constituyente puede ser convocada, de acuerdo con el artículo 348 de la Constitución, por el Presidente de la República, por la Asamblea Nacional con los dos tercios de sus miembros y por iniciativa popular con el 15 por ciento de los inscritos en el Registro Electoral. La convocatoria por la Asamblea Nacional pudiera realizarse si en ella la oposición ejerciera la mayoría calificada que le otorgó la elección de diciembre, y que le mantiene escamoteada el Tribunal Supremo de Justicia. De mantenerse indefinidamente la arbitraria medida, sólo quedaría abierta a la ciudadanía impulsar la Constituyente por iniciativa popular, recabando un número de firmas correspondientes, al menos, al 15 por ciento del REP.
En el Proyecto de Ley de Referendos considerado actualmente por la Asamblea Nacional, se establece que deberá presentarse previamente a votación popular cual será el número de constituyentistas a elegir, así como el sistema de elección, la fecha de inicio de sus funciones y el tiempo de ejercicio. Igualmente se deberá definir en esa consulta popular si la Constitución que resulte de la Asamblea Constituyente, se somete o no a referendo aprobatorio, indicando el lapso para su realización, y el mínimo de votantes requeridos para la aprobación. La convocatoria a Constituyente se considera aprobada con efectos legales a partir del día siguiente del anuncio oficial de los resultados del referendo; la elección de los diputados se realizará dentro de los noventa días continuos y siguientes; y si se estableció que la nueva Constitución debe someterse a votación popular, estas votaciones se efectuarán en los lapsos y condiciones previamente establecidos.
La Constituyente ha sido enarbolada por distintos sectores dentro y fuera de la MUD. Hace algún tiempo, quien esto escribe, firmó junto a un importante grupo de compatriotas un documento en el cual exhortábamos a los partidos de la Mesa a asumir esa opción como camino hacia la relegitimación de todos los poderes públicos. Durante varios meses Voluntad Popular se abanderó del tema, y recientemente Omar Barboza la asomó como una posibilidad en el caso de descartarse la enmienda constitucional. Al margen de la MUD, la Alianza Nacional Constituyente propone que ese proceso se realice mediante una Junta Activadora del Poder Constituyente Originario.
La renuncia es una aspiración que comparte la gran mayoría del país. En todos los sondeos de opinión la gente señala que la dimisión de Maduro ahorraría males mayores y abriría el camino hacia la reconstrucción nacional. Pero como esa solución no está por ahora en los planes de quien despacha desde Miraflores, para imponerla tendría que subir de tono la protesta popular mientras continúe agravándose la situación económica y social. La renuncia o el derrocamiento del régimen son escenarios posibles, en caso de cerrarse vías legales y producirse una situación caótica probablemente similar, o aún más compleja y más violenta que la del “caracazo” de 1989 y la del 11 de abril de 2002.
*Revista de Derecho Electoral, segundo semestre de 2008