Conversamos con Rafael Narváez, abogado y defensor de Derechos Humanos, sobre el curso de las investigaciones sobre lo que la opinión pública calificó como la Masacre de Tumeremo, lamentable hecho donde fueron asesinados, que se sepa hoy, al menos 17 mineros.
Lapatilla: Hace un día la Fiscal General Luisa Ortega afirmó que hasta el momento habían cuatro personas privadas de libertad por el caso, y que existía una orden de captura contra Jamilton Andrés Ulloa Suárez, conocido como “El Topo”
Rafael Narváez: El deber ser de una investigación penal es la de no descartar cualquier indicio, presunción que pudieran conducir a los fiscales encargados del caso a obtener elementos de convicción para convertirse en una ” Prueba” penal y así poder elaborar una contundente acusación ante el Juez de Control creando la certeza en el de quienes son los presuntos responsables tanto materiales como intelectuales de tan horrendo crimen.
Como defensor DDHH y abogado con post grado en derecho procesal penal de la UCV, insisto en que la investigación penal que hasta el momento encabeza la fiscalía general de la República está incompleta pues no han citado a los siete cuerpos de seguridad del estado( GNB, Ejército, Sebin, CICPC, OLP,TránsitoTerrestre y PNB) que hacen labores de seguridad y control interno en las Minas.
Lo mas curioso de la situación, es que tantas acciones de seguridad por estos cuerpos y todavía se desconoce a quien rinden cuenta de sus actuaciones , labores de inteligencia y de seguridad que por cierto son tan ingenuas que nunca sospecharon de la existencia de los sindicatos mineros y tampoco que circulaban con armas largas y chalecos antibalas camuflados con uniformes de cuerpos de seguridad del estado.
La fiscal Ortega también afirmó que “hasta ahora no se ha determinado la cantidad de personas que participaron en este macabro hecho” y que citará al Ministerio Público al diputado Américo De Grazia para que “suministre la información que pose”
El gobernador Rangel Gómez es quien está obligado como primera autoridad del estado a garantizar la seguridad en todo el estado Bolívar y también contribuir en la investigación, el Ministerio Publico todavia no lo ve y luce “intocable”. El gobernador debe explicar del por qué desde un principio negó la denuncia y despreció los testimonios de dolor de los familiares que angustiadamente clamaban por su presencia en las minas y nunca lo hizo.
La Fiscalía si es diligente para citar al Presidente de la Comisión Parlamentaria, diputado Américo De Gracia , no así a los cuerpos de seguridad. Por eso es que los familiares siempre insistieron e insisten solamente en el reclamo de los cadáveres para darle cristiana sepultura y eso es así porque lamentablemente no creen que habrá justicia.
La Fiscalía debe seguir investigando con autonomía e independencia esta masacre y nunca pretender cerrar el caso , eso sería una burla al dolor, a la exigencia de los familiares de las víctima de la masacre , al Código Orgánico Procesal Penal y al Artículo 43 de nuestra norma suprema CRBV que establece el derecho a la “Vida”. En Venezuela no existe la pena de muerte y el Estado está en la obligación de garantizarle la seguridad ciudadana a todos los que habitan esta hermosa patria.
¿Qué mensaje le envía a los familiares de las víctimas?
Mi llamado a los familiares de las víctimas de la masacre es que resistan, que aunque el Defensor del Pueblo se fue de viaje de disfrute y les abandonó aquí quedó su verdadero defensor de “calle”. Recuerden, ” el Crimen no es perfecto” El Ministerio Publico tiene la Oportunidad de Oro de asumir con autonomía e independencia esta investigación penal y reinvindicarse con los que” no tienen voz” .