Claro que no es casualidad que todos los periódicos que han tenido que despedirse de su versión impresa, sean aquellos en cuya línea editorial el Gobierno ve reflejada la realidad del país.
Sólo esos, con un perfil crítico, han sido víctimas de la falta de papel. Pero no es el inventario de materia prima lo que realmente ha castigado la postura de algunos medios de comunicación. En Venezuela la mayor escasez es la que vive el sistema democrático.
Después de 82 años en circulación, El Carabobeño difundió su última versión impresa el pasado jueves. Con ese ejemplar también pasó a engrosar la lista de los medios independientes, cuya producción ha sido exterminada por la “Revolución”.
¡Y no se trata de papel! Es la venganza del Gobierno contra el derecho a la información. Tan sagrado, como el derecho a comer, a tener educación y a gozar de un sistema de salud público, gratuito y de calidad. Por cierto, todos ellos bastante disminuidos por la crisis que atraviesa el país.
Pero las denuncias no son noticias que los gobernantes quieren ver en televisión, escuchar en la radio o leer en la prensa. Con el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), Chávez inició en 2007 una arremetida feroz contra la libertad de expresión.
De allí en adelante, hemos sido testigos de la salida del aire de muchas emisoras radiofónicas, persecuciones a periodistas, juicios a dueños de medios de comunicación y ataques a sedes de la prensa independiente.
Para los medios gráficos, Maduro ha encontrado una manera más fácil y rápida de “sacárselos de encima”. Desde 2013, la no aprobación de divisas para la importación de papel ha dejado a unos ocho periódicos fuera de circulación.
Con suerte, algunos de ellos han podido resurgir y recuperar su tiraje gracias a la solidaridad de otros medios que le han donado materia prima.
Ahora no sólo tenemos un periódico menos con su versión tradicional de papel. Un detalle que no es menor si tomamos en cuenta que el servicio de internet en nuestro país es uno de los más lentos y costos de la región; condiciones que dejan un margen de la población excluida para acceder a la información digital.
Otra consecuencia que se desprende de esta violación al derecho a la información es que El Carabobeño ahora tiene 266 trabajadores, cuyos empleos están en riesgo… Y no es por falta de papel, sino por escasez de democracia