La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, recibió hoy a un grupo de juristas que calificó de “ilegal” el proceso iniciado en el Congreso para un posible juicio político contra la mandataria, lo que consideró una “maniobra” para “derrocar” a un Gobierno “popular”.
EFE
El acto fue celebrado en el Palacio presidencial de Planalto, en presencia de abogados y activistas de movimientos sociales que tras cada intervención corearon “no habrá golpe”, un grito que se escucha en todas las manifestaciones en favor de la mandataria.
El llamado “Encuentro con Juristas por la Legalidad y en Defensa de la Democracia” incluyó algunos mensajes “solidarios” enviados por personalidades de la izquierda mundial.
Uno de ellos fue del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos, quien a través de un vídeo afirmó que “las fuerzas golpistas serán trabadas en Brasil y la democracia volverá a la normalidad, para seguir trabajando por una sociedad más justa”.
El Congreso inició el trámite para un posible juicio político por unas maniobras fiscales con las que el Gobierno supuestamente “maquilló” sus resultados de 2014 y 2015, que según la oposición suponen un “delito de responsabilidad”, una de las causas que la Constitución contempla para la posible destitución de un mandatario.
La situación de Rousseff se ha agravado además por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que ha salpicado a miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y otras formaciones de la coalición que respalda a la mandataria.
La defensa más enfática de Rousseff la hizo el gobernador del estado de Maranhao y expresidente de la Asociación Nacional de Jueces, Flavio Dino, del Partido Comunista do Brasil (PCdoB).
Dino afirmó que “no es la primera vez que se usa la corrupción” para intentar “deponer” un Gobierno y sostuvo que “esa es una estrategia perenne en la lucha política”.
Según el gobernador, eso “obedece al objetivo de esconder los verdaderos problemas nacionales”, ya que “la peor corrupción que puede existir es la desigualdad” y “un Gobierno que la combate es incómodo a ciertos intereses de clase”.
Dino señaló que “es solo el 1 % de la población más rica que está usando esta estrategia para proteger sus intereses” y advirtió sobre “el crecimiento de movimientos de corte fascista”, de los que dijo que “deben ser contenidos”.
Con el mismo énfasis, sostuvo que el trámite para un posible juicio político contra Rousseff que ha comenzado en el Congreso es “una anomalía sin pruebas y sin dolo por parte de la Presidenta de la República”.
Las acusaciones que se fundamentan en las maniobras contables “están muy lejos de caracterizar un delito de responsabilidad”, declaró Dino.
También criticó y calificó de “ilegal” la difusión de unas escuchas, autorizadas por los tribunales, de conversaciones entre Rousseff y su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva, a quien la mandataria ha designado ministro de la Presidencia.
Lula aún no ha asumido el cargo debido a que el nombramiento ha sido objetado ante el Supremo, por la sospecha de que pueda haber escondido la supuesta intención de garantizarle fueros privilegiados y permitirle esquivar a la Justicia de primera instancia, que le investiga por supuesta corrupción.
En ese sentido, el jurista Francisco de Queiroz, de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Recife, consideró que esas sospechas llevarían a entender que la Corte Suprema, que debería proseguir la investigación contra Lula si asume como ministro, “es una casa de impunidad” y “eso no es así”.