Canaima, de Rómulo Gallegos, es apenas una lejana semblanza costumbrista y bucólica del horror político, administrativo, sindical y minero que vive hoy la inmensa y prodigiosa región de Guayana.
Nota de prensa
A tan trágica, múltiple y documentada suma de males se añade ahora un grave episodio de opresión gubernamental de la expresión libre y plural garantizada por los Art. 57 y 58 de nuestra Carta Magna. Por haber denunciado en sus páginas la dolosa administración de una empresa básica del Estado– hecho admitido por varios de los implicados y que llevó a prisión a su principal responsable – el director del Correo del Caroní, David Natera Febres, ha sido objeto de una contrademanda pese a tratarse de causa sobreseída, y acaba de recibir una condena a 4 años de prisión “por difamación e injuria” sin poder ejercer su derecho de presentar pruebas.
Este episodio se suma a otros 25 procedimientos judiciales incoados por el régimen en los últimos 22 meses contra medios y periodistas. Con él, el Gobierno de la hegemonía comunicacional y su cómplice poder judicial dejan establecido un infausto precedente más, ya que otros medios impresos y electrónicos andan igualmente sometidos a juicio por difamación e injuria tras haber reproducido en sus columnas una información internacional de interés local.
El Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, RTSP:
Denuncia ante la opinión pública nacional este nuevo deplorable intento gubernamental de silenciar los medios insumisos al régimen que ventilan con coraje las corruptelas del sector público,
Exige del Gobierno el cese de su prepotente e ilegal ensañamiento contra la libertad de comunicar y
Exhorta a la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional velar por que se apliquen en el país los estándares legales, nacionales e internacionales, sobre derechos humanos.
Igualmente sugiere a esta misma Comisión revise con urgencia las modificaciones aportadas por el régimen al Código Penal vigente, eliminando en particular aquellos artículos que establecen sanciones penales y prisión por difamación e injuria.
Se trata de imputaciones decimonónicas y tan discrecionales que terminan volviendo intangible al funcionario público y sólo se aplican para cercenar el derecho de mirada y la libertad de expresión de la disidencia, cuando una justicia imparcial debiera más bien aplicarlas al libertinaje comunicacional de voceros, altos y altísimos funcionarios públicos que a través de los medios insultan, denuncian sin pruebas ni límites, emplean abiertamente el espionaje ilegal e incitan al odio contra sus opositores políticos.