El secretario general nacional de Progreso Social, Yamil Tovar, expuso que su partido exige al Gobierno nacional la destitución del Ministro del Interior, Justicia y Paz (MIJ) Gustavo González López, y de la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, a quienes señaló de ser responsables de la escalada de violencia e inseguridad en la cual está sumergido el país.
“119 muertes violentas durante Semana Santa. Con este terror resalta el hecho que le costó la vida al Comandante de la Brigada Motorizada de la Policía de Caracas, asesinado junto a su hijo dentro de su casa. A esto se le suma que 12 delincuentes acorralan a un policía en su casa en El Valle, sin que el Estado Venezolano le ponga coto a esta barbarie. Un señor llamado El Picure es más famoso que el Presidente de la República, un ciudadano llamado El Topo descuartiza a más de una docena de personas en Bolívar y no pasa nada. Una Fiscalía inoperante y complaciente con lo ilegal. Para culminar más de 20 hombres armados se llevaron de un Mercal en El Valle unas 300 bolsas de comida, dirigidas a militantes del Psuv. Mientras esto acontece no actúan ni el Ministro de Interior ni la Ministra de Asuntos Penitenciarios” detalló el vocero.
Tovar manifestó que el Gobierno nacional ha aplicado 20 planes de seguridad y ninguno ha resultado, todo ello decantó en una ola de linchamientos en los cuales los ciudadanos toman la justicia por sus manos. Otra de las consecuencias, dijo el dirigente, son los no menos de cien homicidios a funcionarios de cuerpos de seguridad, solo en el primer trimestre de 2016. “esto demuestra una descomposición social grave que enfrenta el país y la poca disposición del Gobierno a afrontar y acabar con la situación” puntualizó.
A la petición de destitución, el dirigente nacional le sumó la solicitud a la Asamblea Nacional (AN) de decretar emergencia penitenciaria y revisar el sistema carcelario, así como el de administración de justicia, pues aseguró que el 70% de quienes reciben beneficios procesales reincide en delitos “mucho peores de los que cometieron”. La revisión planteada por Progreso Social incluiría también la designación de jueces y fiscales, así como el reordenamiento jurídico del país. “No se justifica que en la Cota 905 continúe la permisividad con el sistema delictivo y que desde allí se ponga en jaque a los Cuerpos de Seguridad” concluyó.
Np