Abril inicia con un promedio de 20 protestas diarias y la amenaza de apagones generalizados. Es inadmisible que las respuestas al racionamiento sean mayor regulación, oscuridad y sequía. Sin embargo, Maduro ha mostrado lo que es. También están claras sus limitaciones cognitivas y los compromisos que tiene con quienes han desvalijado al país. De él no debe esperarse nada distinto a lo que ha declarado y decidido durante los años que tiene en Miraflores. Aquellos que dicen pensar diferente al presidente son quienes están obligados a revertir la crisis de la república. De hecho, hoy el liderazgo alternativo está condenado a elegir: O ensayan nuevas fórmulas para detener la ruina de todos o se dejan entrapar por la pugna entre poderes, la queja y la denuncia; la desesperación y las revueltas sin destino.
Por cierto, es muy probable que las manifestaciones focalizadas, los saqueos y linchamientos terminen llevando agua al molino del gobierno no al proyecto de cambio. La protesta atomizada es una válvula que descomprime el malestar social; pero no es la antesala de un movimiento que persigue fines específicos. La anarquía es una corriente ciega; no es una acción política. La recuperación de la convivencia democrática no puede quedar librada al azar que impone el descontento popular por legítimo que sea.
En cualquier país la construcción del buen vivir y la libertad es una conquista; un proyecto que se planifica, acuerda y ejecuta racionalmente. En Venezuela no tendría por qué ser distinto; sobre todo, porque el contexto exige trabajar en varios frentes simultáneamente. La crisis obliga a legislar, promover soluciones a los problemas que ahogan a los ciudadanos al tiempo que reclama negociar con algunos sectores del chavismo; pues Maduro no entregará el poder para ir a la cárcel de manera voluntaria ni sus cómplices se lo permitirían.
Además, la élite oficialista sabe que aún tiene recursos para dar la pelea por un buen tiempo. Las decisiones del TSJ y el silencio del CNE dejan ver que entre los mandamases rojos hay quienes apuestan al largo plazo. Tal vez, piensan que las soluciones que la gente espera las terminará decidiendo el que esté mejor preparado para continuar en pie después de una guerra prolongada. Este juego seguirá trancado mientras que la cúpula del gobierno calcule que una transición le produciría costos muy superiores a los beneficios que obtiene del conflicto. ¿Por qué el pueblo debe seguir pagando las consecuencias de una refriega en la cual sus protagonistas ni siquiera intentan negociar?
Abril anuncia tempestades; este mes la mesa estará servida para hacer estallar las tensiones o para negociar. A la oposición le corresponde dar el primer paso. Quizá tenga que aprovechar el huracán que toca a la puerta para modificar el enfoque de su estrategia. En lugar del choque de trenes tal vez deba definir un sistema de incentivos que se pueda pactar con el chavismo. Hay que perfilar un paquete de beneficios que algunos jefes oficialistas no puedan rechazar. El énfasis del mensaje debería estar en el rédito que tendrá que Maduro salga a través de un acuerdo; lo cual no obsta para que se les recuerde que en caso de no hacerlo en algún momento deberán cancelar un altísimo precio.
Transar no es mantener un diálogo de sordos con el gobierno; en realidad, es pactar condiciones y beneficios con algunos directivos del PSUV. Por ejemplo, se requiere abrir espacios para consensuar el exilio de Maduro y su entorno. El acuerdo es la vía para terminar con los ultrajes de quienes controlan la jefatura del Estado; mientras que mantener indefinidamente un duelo jurídico y de titulares con el enemigo es seguir expectante ante la impunidad y desgracia de la nación. Por supuesto, cualquier contrato exige precisar los mecanismos que garantizarán el cumplimiento de lo pactado. En el caso de Venezuela, un acuerdo entre la oposición y el chavismo no podría descartar la selección del líder de un eventual gobierno de reconciliación nacional.
Alexis Alzuru
@aaalzuru