La utilización de la expresión «golpe» para caracterizar el inicio de procedimientos legales constitucionales, responde al propósito de asimilarla con las rupturas del orden constitucional que protagonizaron los militares. Se trata de un conflicto de legitimidades del sistema presidencialista, donde el jefe de Estado goza de una «legitimidad de origen» fundada por los votos. El impeachement es un juicio sobre el desempeño posterior, vinculado a la «legitimidad de ejercicio».
Tanto Venezuela como Brasil viven graves crisis políticas que los colocan al borde del enfrentamiento civil. Se han iniciado procedimientos constitucionales para provocar la destitución de ambos presidentes, pero las características de los sistemas presidencialistas conspiran contra la posibilidad de conseguir una salida no traumática. La presidenta, Dilma Rousseff, afirmó que “en un sistema democrático los golpes cambian de método y un impeachment (juicio político) sin base legal es un golpe que rompe el orden democrático”. Por su parte, Nicolás Maduro advirtió que defenderá con “mano de hierro” la democracia y la estabilidad del país. Añadió que los diputados tendrán inmunidad pero no impunidad si “conspiran”.
La utilización de la expresión “golpe” para caracterizar el inicio de procedimientos legales constitucionales, responde al propósito de asimilarla con las rupturas del orden constitucional que protagonizaron los militares. Se trata de un conflicto de legitimidades del sistema presidencialista, donde el jefe de Estado goza de una “legitimidad de origen” fundada por los votos. El impeachement es un juicio sobre el desempeño posterior, vinculado a la “legitimidad de ejercicio”. Es obvio que en el partido de Rousseff no apoyarán la opinión de la oposición.
En el caso de Brasil, el juicio demanda mayorías cualificadas en Diputados y el Senado, por lo que el conflicto tiende a prolongarse. El presidente de Diputados debe formar una comisión para analizar el proceso de destitución. La Presidenta tiene un plazo de 10 sesiones para defenderse. Si Diputados acepta, se inicia el proceso que va al Senado, cámara que debe avalar el trámite. Si eso ocurre, se produce la destitución y asume el vice.
En Venezuela, la destitución constitucional es el referéndum revocatorio, que -transcurrido la mitad del mandato del Presidente- debe ser solicitado por el 20% de las firmas y las huellas de los electores que se deben recolectar en tres días. En Venezuela, la oposición a Maduro tiene un problema añadido: si bien cuenta con amplia mayoría en la Asamblea Nacional, el régimen controla la Sala Constitucional del Tribunal Supremo que se ha conferido una suerte de poder de veto.
En 2018, se van a cumplir cien años de los escritos de Max Weber en los que describió el liderazgo carismático. La designación del Presidente mediante una elección plebiscitaria, rasgo del sistema presidencialista, no es neutra. Para Weber, “el peligro político de la democracia de masas para el Estado reside en el posible predominio de los elementos emocionales”. No debiera sorprendernos que los votantes de Dilma o Maduro resistan activamente la destitución de su Presidente, aunque éste proceso se realice en el marco del más escrupuloso respeto de las normas constitucionales.
Aleardo F. Laría es abogado y periodista.