Las trabas que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia puso a la reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela, que sancionó la Asamblea Nacional, profundizará la crisis económica en el país “porque el gobierno seguirá manejando al ente emisor a su antojo sin ningún tipo de racionalidad”.
Elizabeth Ostos / El Pitazo
Así lo opinó el economista y analista de riesgo bancario, Leonardo Buniak quien consideró que el conflicto entre los poderes públicos se traduce en más hambre y más desempleo en el país, “ya que los asambleístas aprobaron una reforma que no permitía más la emisión de dinero inorgánico y el financiamiento al ejecutivo y sus empresas. Además, restituía los controles del parlamento; ningún inversionista extranjero va a venir a invertir y a generar empleos en Venezuela con este sistema de administración de justicia tan discrecional y en favor del gobierno de turno”.
En entrevista con El Pitazo, el economista estimó que el BCV “es el departamento del gobierno de generación de déficit fiscal, con esa política de imprimir billetes y echarlos a la calle sin respaldo. Esta es una de las causas de la inflación tan alta ya estamos en una etapa previa a la hiperinflación. Si las políticas económicas del gobierno no cambian, la inflación podría estar sobre el 360% para fines de año. Esto sin tomar en cuenta el alza de los precios de los productos cuyos precios no están regulados éstos pueden escalar en un 760%. Estas son consecuencias prácticas de estas políticas fallidas, el salario del venezolano seguirá pulverizándose”.
Estimó que la poca credibilidad del programa económico del gobierno, “quedó sepultada con esta orden ejecutada por la Sala Constitucional del TSJ. Los Bancos Centrales deben ser autónomos y ser los garantes de las políticas monetarias y cambiarias de las naciones. En Venezuela, vamos a contracorriente del mundo, sin controles y auditorías no es posible que un organismo de tanta importancia funcione como la caja chica de un grupo político”.
Destrucción de la institucionalidad
Para el abogado especialista en derecho procesal, Álvaro Prada, la Asamblea Nacional está facultada por el artículo 187 de la Constitución para reformar leyes orgánicas como la del Banco Central de Venezuela, “la cual ha sido modificada varias veces por el actual gobierno en el marco de las leyes habilitantes y por la extinta Asamblea Nacional, dominada por el partido oficial. Ahora, como no conviene que se ponga orden en varios asuntos que involucran al BCV, se ordena el bloqueo por la Sala Constitucional del TSJ”.