Restituir la propiedad de las empresas cementeras y levantar el control de precios que existe sobre el producto fueron dos de las principales soluciones aportadas durante la mesa de análisis “El monopolio estatal del cemento”, que realizó el Observatorio de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad) este miércoles.
Nota de prensa
El evento reunió a diputados de Trujillo, Anzoátegui y Aragua, estados en los que funcionaban plantas cementeras emblemáticas antes de que el gobierno decretara la nacionalización de la industria. Por el estado Trujillo, el parlamentario Joaquín Aguilar relató el colapso de la planta de Cemento Andino, que, según denunció, actualmente se encuentra paralizada.
“Todos los equipos de la planta se han dañado. Al menos desde el año 2009 no se realizan explosiones en la cantera, que se está explotando únicamente con pala mecánica”, explicó Aguilar, quien resumió cómo desde el año 2006 la producción tanto de cemento como de clínquer (una de sus materias primas) hasta menos del mínimo necesario para la construcción en Venezuela, “mientras que antes de la expropiación incluso el país era exportador de clínquer”, resaltó.
La exposición del concejal de Guanta (Anzoátegui) Luis Gil, quien estuvo acompañado por la diputada del mismo estado Tatiana Montiel, se centró en la contaminación generada por la planta de cemento de Pertigalete, en la entidad oriental. El concejal resaltó que el motivo de dicha contaminación es la falta de controles y supervisión en la infraestructura de la planta, a la que no se le han instalado los electrofiltros necesarios para su adecuado funcionamiento. “Se ha convertido en una caja negra a la que no se tiene acceso”, cuestionó.
Finalmente, por el estado Aragua, la diputada Carolina de Miranda denunció la “venta politizada” del cemento producido en la planta de San Sebastián, así como irregularidades en el empaquetado de la materia prima elaborada en dicha planta.
A manera de conclusión, los parlamentarios recomendaron, además de la visita a las plantas y la revisión del precio, realizar una auditoría externa a las empresas ahora expropiadas, a fin de determinar los verdaderos niveles de producción y las instalaciones de las plantas. También resaltaron la necesidad de que la industria cementera vuelva a manos privadas, pues se ha demostrado que el manejo público y militarizado de la industria cementera solo ha causado ineficiencia, corrupción y escasez.
Producción mínima y controlada
Esta mesa de análisis es parte de las actividades del Observatorio de Propiedad para difundir la investigación titulada El monopolio estatal del cemento: relato de una crisis, elaborada por los sociólogos Zouleyma Escala y Rafael Fernández. En el documento, los investigadores demostraron que el gobierno nacional controla el 90% de la producción cementera nacional, la cual, alerta la investigación, se encuentra en sus “mínimos históricos”. Esta baja producción ha obligado a la importación del cemento, ante el “burocratismo, corrupción e ineficiencia” que, a juicio de los investigadores, caracteriza la gestión de las empresas cementeras estatizadas.
La consecuencia última de esta mínima producción y de la ineficiencia de las empresas cementeras es la escasez del producto. El documento destaca las “enormes dificultades” por las que pasan tanto el ciudadano de a pie como las empresas constructoras para adquirir cemento, lo que a su vez afecta otros sectores económicos, como el sector inmobiliario. “¿Puede existir bienestar y desarrollo con una industria de la construcción prácticamente paralizada?”, se preguntan irónicamente los autores del informe.
La investigación completa El monopolio estatal del cemento: relato de una crisis puede hallarse en la página http://www.paisdepropietarios.org
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