Para el ex parlamentario y defensor de Derechos Humanos (DDHH) Rafael Narváez, la reciente Comisión de la Verdad instalada por el presidente Nicolás Maduro para investigar hechos violentos de tipo político ocurridos entre 1999 y 2015, “está llena de odio y resentimiento”, lo que impedirá ofrecer resultados imparciales y apegados a la realidad a la ciudadanía.
Nota de prensa
Narváez puntualizó que quienes integran la comisión carecen de “solvencia moral” y son funcionarios adscritos al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) entre quienes destacó al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab y la Canciller de la República Delcy Rodríguez. Agregó que quienes forman parte y representan al Ministerio Público no pueden ofrecer resultados óptimos ya que están en mora con los resultados de las investigaciones relacionadas con los hechos de 12 de febrero de 2014, en los cuales se efectuaron 3.535 detenciones arbitrarias, torturas a estudiantes y que violentan Derechos Humanos y políticos de tres diputados electos que aún permanecen encarcelados, obviando la inmunidad parlamentaria. A esta situación le sumó la presencia de Ernesto Samper, quien tendría “conductas reprochables” en su país de origen, Colombia.
El abogado y ex diputado indicó que todos los funcionarios venezolanos que forman parte del cónclave han emitido opiniones previas con respecto a los hechos que van a investigar y que desde el Estado venezolano se hace uso constante de los Medios de Comunicación para privilegiar opiniones políticas sesgadas en cuanto a los hechos que serán parte de las pesquisas. “El Presidente tuvo la oportunidad de conformar una comisión de alta solvencia moral, donde estuviesen ONG´s, mucha gente preocupada por situación difícil de Venezuela, que no se puede ocultar porque estos crímenes no prescriben, pero quienes están ya emitieron juicios sobre los sucesos del 11 de abril, por ejemplo, ya sentenciaron sin ser fiscales ni jueces y mantienen un esquema mediático para plantear que lo ocurrido en esa época, que fue delicada, un Golpe de Estado pero los pistoleros de Puente Llaguno fueron exonerados” explicó.
El activista recomendó al Primer Mandatario Nacional reestructurar la comisión, tomar como ejemplo casos de comisiones similares en Chile, Perú y El Salvador, las cuales se integraron con personas solventes en lo moral y que sean capaces de ejecutar unas investigaciones trasparentes, con el fin de decirle a la ciudadanía resultados apegados a la realidad y sin sesgo político.