Luego de largas dictaduras, durante las cuales se han cometido graves y masivas violaciones de derechos humanos, en la fase de transición hacía el pleno restablecimiento de la democracia, es frecuente que se designe comisiones encargadas de investigar las atrocidades cometidas por la tiranía, a las que se suele dar el nombre de “comisiones de la verdad”. Pero esas comisiones son muy distintas de la comisión de la verdad recientemente designada por Nicolás Maduro, presidida por el vicepresidente de la República e integrada por otros connotados miembros del gobierno o del PSUV.
Cuando leyes de auto amnistía (como las dictadas por Pinochet o Fujimori), la prescripción de los delitos de que se trate, u otras circunstancias (como la amenaza de militares golpistas), impiden que se haga justicia y se castigue a los responsables de violaciones de derechos humanos, las comisiones de la verdad son una respuesta realista, aunque no suficiente, que ofrece a la sociedad una reparación simbólica, mediante el pleno esclarecimiento de los hechos. Aunque la justicia y la verdad son el desiderátum, ¡si no es posible obtener justicia, por lo menos que se sepa la verdad! Pero Nicolás Maduro ha recurrido a una “comisión de la verdad” no para determinar quién es responsable de qué, sino como una forma perversa de esconder la maldad y justificar la prisión de los perseguidos políticos.
Hasta ahora, las comisiones de la verdad siempre habían surgido en la fase de transición de una dictadura al pleno restablecimiento de la democracia. Entre otras, así lo demuestran, las experiencias de Sudáfrica, Timor Oriental, Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador o Perú. Nunca antes esas entidades habían sido creadas por un gobierno tiránico para consolidarse en el poder. Aunque este régimen pueda tener los días contados, ni se ha acabado ni estamos en la transición a la democracia. No tiene sentido que, cuando aún estamos sufriendo las consecuencias del régimen liberticida instaurado por Hugo Chávez, se pretenda, por ese mismo régimen, recurrir a una comisión de la verdad para que, desde las oficinas del PSUV, ésta le extienda un certificado de buena conducta.
Una característica común a las comisiones de la verdad es que ellas ha estado presididas e integradas por personas de reconocido prestigio, de una alta autoridad moral y de insospechada independencia e imparcialidad. En Sudáfrica, ella estuvo encabezada por el obispo Desmond Tutu, premio Nobel de la paz por su incansable lucha en contra del apartheid; en Argentina la presidió el escritor Ernesto Sabato, convertido en emblema del retorno a la democracia, y en Perú, una vez concluido el régimen de Fujimori, la dirigió Salomón Lerner, para ese entonces Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nunca esas comisiones fueron presididas por un político del gobierno de turno ni integradas por personajes rastreros que pudieran ser considerados responsables o, por lo menos, cómplices o encubridores de las atrocidades que debían investigar. En esas comisiones nunca tuvieron cabida individuos señalados de participar en la persecución política o en la fabricación de pruebas para condenar a disidentes políticos. En cambio, en la versión venezolana de estas comisiones, sólo ha faltado que se designara como miembros de la misma al ex Fiscal General Isaías Rodríguez y a su testigo estrella en el asesinato de Danilo Anderson.
Históricamente, las comisiones de la verdad han sido la única respuesta posible cuando un poder judicial servil le ha escamoteado a la sociedad la verdad sobre los crímenes de la tiranía. Por eso, se trata de dos opciones excluyentes; de lo contrario, se estaría aceptando dos versiones oficiales de la verdad: la de los jueces, emitida a través de sus sentencias, y la de la Comisión de la Verdad que, sin ser una instancia jurisdiccional, es un mecanismo independiente e imparcial que también actúa en nombre del Estado. Con la creación de esta Comisión, el Gobierno venezolano está admitiendo que las sentencias de los tribunales, basadas en órdenes emanadas del Palacio de Miraflores, luego de juicios amañados, con testigos falsos y pruebas fabricadas, no son ni un pálido reflejo de la verdad. Sigmund Freud hubiera tenido mucho que decir ante este reconocimiento tácito de que las actuaciones de los tribunales venezolanos no son más que una farsa.
Es paradójico que esta comisión de la verdad sea promovida por el gobierno más opaco en la historia de Venezuela, que niega el acceso a la información, que castiga a quienes ejercen su libertad de expresión, que ha cerrado medios de comunicación social, y que se ha empeñado en asumir la hegemonía comunicacional para que sólo se conozca su verdad. Este gobierno sabe mucho de comisiones; pero no de comisiones de la verdad.
Cuando despertemos de esta pesadilla, ya llegará el momento de que jueces independientes e imparciales puedan investigar y castigar los crímenes que se han cometido en estos diecisiete años. En caso contrario, ya habrá ocasión de designar una auténtica comisión de la verdad, integrada por personalidades respetadas y respetables, que comience por recoger el testimonio de los Eladio Aponte, los Franklin Nieves, y tantos otros que recibieron órdenes para contribuir a la destrucción de Venezuela. Mientras tanto, ¡no creamos en cantos de sirena!